“Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock-n-roll y todo se animó, y un amigo se paró y empezó a cantar el rock… todo el mundo a bailar… todo el mundo en la prisión… corrieron a bailar el rock & roll…”; lo anterior es la introducción de la alegre canción “El Rock de la Cárcel” (Jailhouse Rock), escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller y, que en 1957, con su voz de barítono alborotado y ritmo de caderas desenfrenadas, hiciera famosísima Elvis Presley.
66 años han transcurrido y esa “rola” continúa desentumeciendo y acalambrando a roqueros septuagenarios y alebrestando también a sus pares jóvenes, y para mí -cipote de más de medio siglo- esa ficción musical sigue más viva que nunca, alegrando fiestas y quizás vidas, pero en la realidad no ocurre lo mismo, en especial en las cárceles hondureñas en donde las constantes balaceras reafirman lo que ocurre hace años: que ahí el ritmo que se baila es el de la apestosa corrupción de malos que cuidan a otros peores, y que las armas “cantan” con demasiada frecuencia su balada triste y luctuosa de dolor y muerte.
Lo ocurrido hace semanas de manera sincronizada, y repetidos esta semana en reclusorios anacrónicos, causantes de risa y motivo de burla cuando los califican de “máxima seguridad”, por supuesto, son un reto a la autoridad del Estado y también evidencia es evidencia que hierve la sopa en dichas ollas de presión en las que aumenta la ebullición, previo a un estallido definitivo.
No es la primera crisis carcelaria que ocurre, ni será la última, han sido tantas, que contabilizarlas es perder el tiempo sumando muertos y heridos, bástese escribir o decir que los amotinamientos de ahora y de antes son la cosecha de un Estado incapaz que, en su inutilidad eterna, ha sembrado en tierra fértil para el caos y la anarquía carcelaria de la cual sus protagonistas son los reclusos, dueños y señores de esas inútiles ergástulas.
Precisamente, ante los amotinamientos del 8 de abril, el primer ente en reaccionar con prontitud fue el Máximo Tribunal de Justicia, que asignó dos jueces para documentar la situación penitenciaria mediante un Recurso de Exhibición Personal de Carácter Correctivo para salvaguardar la libertad individual de los privados de libertad y mantener el orden y además estableció que las autoridades carcelarias deberán rendir cuentas sobre lo que ocurre. Sin duda, inicia esperanzadora la gestión de la presidente del Poder Judicial, abogada Rebeca Lizzeth Ráquel Obando.
Cifras del Poder Judicial registran que Honduras tiene una población penitenciaria de 19,566 ciudadanos privados de libertad, de los cuales 18,398 son hombres y 1,168 mujeres; en tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras señala un 34.2% de hacinamiento consecuencia de 19,842 encarcelados en 25 centros penitenciarios. Dicho informe establece que la capacidad máxima de estos centros penitenciarios es de 14,780.
Son de vieja data las tragedias carcelarias en Honduras, desde balaceras que incluyen explosivos, hasta el rostizado masivo de reos en incendios provocados en esos presidios, y a lo cual diferentes gobiernos, y este no es la excepción, han anunciado medidas de “mano dura” que en la mayoría de los casos han resultado en paliativos o políticas blandas.
Expertos en seguridad aseguran que no se trata de reaccionar con autoritarismo, sino que la respuesta a la problemática carcelaria debe ser una combinación de acciones que conduzcan a mejorar las condiciones de vida en las prisiones las que, en lugar de reprimir y castigar, deben orientar su responsabilidad a rehabilitar, reeducar, reinsertar y respetar a los derechos humanos de los privados de libertad y de los involucrados en el sistema penitenciario.
El presupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario es de mil 725 millones 794 mil 763 mil lempiras, es decir, 524 millones 555 mil 772 lempiras con 33 centavos más que el año anterior, sin embargo, pese al aumento presupuestario, no se ha mejorado nada en las cárceles, al contrario, con el cambio de militares a policías están peor.
Para algunos, no basta con construir más centros penales, trasladar o rotar a los protagonistas de los desmanes o desmadres carcelarios, pues la debilidad del sistema penitenciario puede fortalecerse nombrando a personas idóneas, aptas, moralmente sólidas y académicamente capaces.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Honduras no existe una gestión penitenciaria adecuada a los estándares internacionales de los derechos humanos que posibilite reducir la violencia en los centros penitenciarios.
También destaca que la violencia y las consecuentes muertes en las prisiones son consecuencias del sistema de autogobierno que persiste ahí a falta de un modelo que promueva la reinserción de los privados de libertad en la sociedad.
Para nadie es un secreto que la violencia en la prisión es resultado de deficiencias estructurales en materia de hacinamiento, gestión penitenciaria y garantía de seguridad integral de las personas privadas de libertad, pero también del maridaje entre corruptos y corruptores.
Así, si lo retorcido no se endereza en el sistema penitenciario nacional, la fiesta mortal proseguirá y con eso la danza lúgubre de los que ponen la mano cobrando para meter armas y de sus comparsas que pagan para meterlas y matar. De esa manera, lo que se haga resultará poco o nada efectivo, infortunadamente la balacera más reciente del martes 25 en Ilama, Santa Bárbara confirma que en las cárceles nuestras no suena el rock, pero sí la parranda continúa.
Herbert Rivera C.
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