Por Héctor A. Martínez
Sociólogo
“Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”, escribió el jurista y filósofo alemán Carl Schmitt en su “Teología política” de 1922. Schmitt, como pocos saben, fue uno de los juristas más influyentes del Tercer Reich. En su obra se exponen varias ideas jurídicas y sociológicas, como la llamada doctrina del decisionismo, que explica que las disposiciones políticas no se basan en lo escrito en la Constitución, sino en la figura suprema del caudillo, quien es, a final de cuentas, quien crea y garantiza el orden constitucional. Fue el mismo Schmitt quien introdujo la conocida distinción del “amigo-enemigo” sobre la necesidad de identificar el agente que amenaza la seguridad del Estado y “combatirlo” antes de que cause un mal mayor.
Sin embargo, el estado de excepción no se limita a poner retenes ni horarios de circulación, sino que va más allá de los molestos operativos callejeros. La excepcionalidad consiste en hacer a un lado la ley y asumir el control total del gobierno para salvaguardar la existencia del Estado. En palabras de Schmitt, es necesaria la suspensión del orden jurídico vigente.
Esta lógica política aparece hoy en el modelo salvadoreño de seguridad que se implementa para combatir a las maras. El estado de excepción permanente, criticado por la oposición, corresponde precisamente a la tesis de Carl Schmitt. Bukele, como jefe máximo, puede decidir sobre lo que es “bueno” o no para la sociedad en materia de seguridad y otros asuntos. Y eso es exactamente lo que las masas le aplauden, sin importar lo que dicten la Constitución y los derechos humanos.
Es decir que, aunque a la mayoría les parezca estupendo el método bukeleano, los cimientos de la democracia comienzan a resquebrajarse justamente cuando se hace a un lado la Carta Magna y se implementa el estado de excepción.
Visto lo anterior, podemos preguntarnos: ¿Funcionaría el modelo Bukele en Honduras? ¿Por qué no se ha implementado en otros países, como desean las masas? “El número no hace a la razón”, decía Pierre François Guizot, hace más de 150 años. Además de la extensión territorial y la distribución geográfica de las maras, no se trata solo de construir una megacárcel y atiborrarla de pandilleros y a sospechosos de serlo. Recordemos que en la excepcionalidad se abrevian los procesos judiciales, por ser largos y costosos. Siguiendo la lógica de la necesidad, ¿estaríamos dispuestos a pagar ese precio?
Recordemos que, para asegurar la estrategia, hay que tener de lado a los poderes del Estado y mantener a raya a la oposición y a los organismos de derechos humanos. Por otro lado, con la excepcionalidad prolongada, la línea que divide la dictadura de la democracia se vuelve casi imperceptible. Al final de cuentas, somos los hondureños quienes debemos diseñar nuestra propia estrategia de seguridad y ponerla en marcha de manera urgente, no sin antes medir los costos que esta implique.
Como sentar las bases de una sociedad donde los individuos no tengan necesidad de delinquir lleva mucho tiempo, la tentación de la represión aparece como una salida rápida en tiempos de crisis. Por ello debemos advertirlo: si bien la inseguridad daña a la sociedad, la supresión de las libertades, en cambio, la destruye por completo. Y es justamente eso lo que debemos evitar.
