En Honduras tenemos suficiente sol para transformar nuestra matriz energética, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y aliviar la pesadísima carga de facturación eléctrica.
Sin embargo, a pesar de que se aprobó una normativa para regular la “auto-generación” de energía, el ciclo normativo nunca se completó porque no se ha aprobado la tarifa mediante la cual los generadores podrían inyectar sus excedentes a la red nacional.
Esta omisión, aunque técnica en apariencia, es en realidad una barrera estructural para el desarrollo energético del país y refleja un temor injustificado del Estado. El marco legal vigente permite que una persona natural o jurídica genere su propia energía, principalmente mediante paneles solares.
Pero el incentivo se diluye cuando no existe la posibilidad de recibir una compensación por la energía que no se consume y que podría alimentar la red pública.
En ausencia de esa tarifa, las inversiones en autoconsumo se vuelven financieramente menos atractivas, especialmente para los sectores residencial y de pequeña y mediana industria.
En lugar de fomentar una ciudadanía energética activa y comprometida, el sistema actual favorece la pasividad y la dependencia. Tenemos una de las mayores irradiaciones solares de Centroamérica, un contexto ideal para convertirnos en líderes regionales en generación distribuida.
Sin embargo, seguimos operando bajo un modelo centralizado que trata a los usuarios como consumidores cautivos y no como potenciales aliados en la transición energética.
En este escenario, el Estado no sólo pierde oportunidades de inversión, sino también legitimidad ante una ciudadanía cada vez más consciente del cambio climático y sus soluciones.
La energía solar para autoconsumo no es un capricho de países ricos; es una herramienta de democratización energética. En países como Brasil, Chile y México, los esquemas de net metering o tarifas feed-in han permitido que miles de familias reduzcan su factura eléctrica y que pequeños negocios mejoren su competitividad.
En Honduras, un sistema de compensación justo y transparente permitiría algo similar, además de descomprimir la presión sobre el sistema interconectado y reducir pérdidas en distribución.
Un aspecto innovador que merece especial atención es el “autoconsumo colectivo”, una figura que permitiría a múltiples usuarios, por ejemplo, los residentes de un condominio, inquilinos de un centro comercial o pequeños comercios de un barrio, compartir la energía generada por una instalación común.
Este modelo, ya implementado en otras partes del mundo, tiene un enorme potencial para ampliar aún más el acceso a la energía solar y maximizar su impacto económico y social.
La meta es habilitar comunidades energéticas que compartan recursos, costos y beneficios. En contextos de pobreza energética o en zonas densamente urbanizadas, donde no todos pueden instalar paneles solares individualmente, el autoconsumo colectivo ofrece una solución técnica, económica y solidaria.
Es comprensible que los operadores tradicionales del sistema eléctrico nacional teman una transformación tan profunda. La generación distribuida descentraliza el poder (literalmente) y exige nuevas formas de regulación, de planificación, de relación con los usuarios. Pero evitar ese cambio no lo detiene, lo pospone a costa del desarrollo.
Además, no se trata de desplazar a los grandes generadores ni a la ENEE, sino de complementarlos en una matriz más resiliente, limpia y eficiente. A medida que el actual gobierno llega su fin, es oportuno pedir un diálogo técnico y político para que el nuevo gobierno corrija esta omisión regulatoria y ponga en marcha un sistema tarifario que reconozca el valor real de la energía inyectada desde instalaciones de autoconsumo.
Este paso no requiere una nueva ley, sino la voluntad de aplicar la que ya existe, completando su reglamentación con criterios técnicos objetivos y con apego al principio de justicia energética.
Honduras necesita abrirse a una nueva cultura de energía, donde el ciudadano que instala un panel solar no sea visto como una amenaza, sino como un socio del sistema. Donde las empresas puedan reducir sus costos y mejorar su competitividad de manera limpia. Donde comunidades puedan gestionar de forma solidaria su energía a través de esquemas colectivos. Y donde la transición energética sea, al mismo tiempo, una política ambiental, una estrategia económica y una apuesta por la equidad.
Es hora de dejar de ver el autoconsumo como un privilegio de pocos y empezar a verlo como una política pública de país. Para lograrlo, hace falta liderazgo técnico, voluntad política y una visión de largo plazo. El próximo gobierno tiene la oportunidad de hacerlo. El sol ya lo tenemos. Lo que falta es decisión.
