Por Héctor A. Martínez
El rumbo del Gobierno sigue siendo incierto. Los hondureños ignoramos la agenda destinada a transformar una economía y un Estado que se encuentran en franca decadencia. Muchos dicen que no hay que quemar los cartuchos desde el primer arranque, pero nuestra nación no está para esperas ni retrasos, especialmente después de los años desaprovechados por el gobierno del PLR.
Si las élites que orbitan alrededor de la nueva administración no promueven las reformas con visión a largo plazo, es previsible un escenario de desconfiguración institucional, tal como lo advierten los sociólogos funcionalistas que, desde hace más de un siglo, estudian la relación entre cambio estructural y equilibrio social. Sumado a ello, cualquier acontecimiento inesperado, como una epidemia, un conflicto estratégico o un descontento generalizado, podría poner en peligro la estabilidad del sistema. Frente a esos previsibles escenarios, el país debería estar institucionalmente preparado. Por hoy no lo está.
En principio, el Gobierno de Asfura no debería esperar para trabajar en un reordenamiento profundo del Estado y la economía. Una demora en los cambios estructurales enviará un mensaje de debilidad que podría enfriar el apoyo popular, reducir las expectativas de los ciudadanos y alimentar los ataques mediáticos de la oposición. De paso, decepcionaría a nuestros socios comerciales, principalmente al gobierno norteamericano, que espera que las transformaciones mitiguen el flujo de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos.
Nada se ha dicho sobre el saneamiento del Poder Judicial -ahora en total control del PLR— , mientras los estrategas de la seguridad nacional no tienen idea por dónde comenzar para combatir al crimen organizado. En cuanto a la economía, el tema de abrirnos a la competitividad, la eliminación de los privilegios y la reducción del costo de entrada al mercado ni siquiera aparece en la propaganda del Gobierno. ¿Por cuánto tiempo más podrá sostenerse el sistema?
En todo caso, para el 2028 los hondureños deberíamos ser capaces de constatar que la administración de Nasry Asfura ha cumplido parte de los objetivos estratégicos y que el país comienza a respirar aires de prosperidad. En sentido inverso, de no impulsarse las reformas, Honduras seguirá atrapada entre la miseria y el rezago, expuesta a conflictos sociales, marginada de los mercados internacionales y excluida del bloque comercial con los Estados Unidos.
Al Gobierno no le queda alternativa. Aunque la vía de las reformas es costosa y conflictiva, es la única que garantiza la prosperidad postergada por cuarenta años. Las transformaciones parciales apenas mitigan las crisis de forma efímera. No hay espacios para titubeos; seguir haciendo lo mismo es condenar al sistema a un desmoronamiento irreversible del que no habrá retorno.
