Por Rodolfo Dumas Castillo
Aún no se despeja la incógnita sobre quién presidirá el Congreso Nacional. Las negociaciones continúan, los nombres van y vienen, y el país observa un proceso que, aunque relevante, corre el riesgo de absorber una atención que hoy debería estar puesta en otro lugar.
Porque, más allá de la persona que finalmente ocupe la presidencia del Legislativo, Honduras enfrenta una agenda urgente que no admite más postergaciones y que deberá ser atendida por ese nuevo Congreso, lo dirija quien lo dirija. La discusión sobre los cargos, los equilibrios internos y las mayorías es parte natural de la política.
Pero cuando ese debate se vuelve casi exclusivo, el mensaje implícito es preocupante; pareciera que el rumbo del país dependiera más de un nombre que de las decisiones concretas que deben tomarse. Y no es así.
La historia reciente demuestra que los problemas estructurales de Honduras no se resuelven con cambios de sillas, sino con reglas claras, acuerdos mínimos y una agenda legislativa coherente con la realidad económica y social. Esa realidad es conocida.
El país arrastra un bajo crecimiento económico, altos niveles de informalidad, un mercado laboral incapaz de absorber a miles de jóvenes que cada año buscan oportunidades, y un clima de inversión marcado por la incertidumbre jurídica.
A ello se suma un Estado con limitaciones fiscales severas y una ciudadanía cada vez más escéptica frente a la política. En ese contexto, el Congreso no puede darse el lujo de perder tiempo valioso en disputas internas prolongadas, ni iniciar su gestión sin prioridades claras.
Una primera urgencia es la recuperación de la confianza. Y la confianza no se decreta, se construye, o se pierde con rapidez. Para ello, el Congreso debe enviar señales inequívocas de respeto a la institucionalidad, a la seguridad jurídica y a las reglas del juego.
Esto implica revisar y corregir marcos legales que hoy generan ambigüedad, discrecionalidad o conflictos de interpretación, especialmente en materia económica, tributaria y administrativa. Sin ese piso mínimo, cualquier esfuerzo por atraer inversión o generar empleo estará condenado a la fragilidad.
La agenda económica debe ocupar un lugar especial. Honduras necesita con urgencia normas que faciliten la creación y formalización de empresas, que promuevan la inversión nacional y extranjera y que reconozcan la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que siguen siendo el principal motor de empleo.
Una de esas decisiones es la ampliación de la vigencia del Régimen de Importación Temporal (RIT), del cual depende buena parte de la industria agroalimentaria nacional. Se trata de salvaguardar empleos, generación de divisas y competitividad.
El empleo es otro tema urgente. El Congreso tendrá la posibilidad de actualizar normas laborales que hoy no responden a la dinámica del mercado y de alinear la legislación con estándares internacionales que Honduras ya ha asumido, pero que siguen sin traducirse en leyes efectivas.
Eso incluye una ley de empleo parcial que ya lleva años en espera y que podría abrir muchos espacios de trabajo a jóvenes y adultos mayores. También se requiere una reforma que agilice la emisión de licencias ambientales, requisito que mantiene miles de millones en inversión retenida, lo que resulta dañino para el país.
No se trata de omitir requisitos o de evadir la responsabilidad con el ambiente, sino de agilizar el inicio de proyectos que produzcan bienestar general y que están detenidos por la burocracia en su peor expresión.
También debe incluirse en esa agenda legislación que le permita al Estado una lucha más eficiente contra la corrupción, incluyendo la Ley de Colaboración Eficaz y un nuevo Código Penal.
Lo anterior sin perjuicio de normas que permitan combatir la corrupción desde su origen, incluyendo sistemas de gestión de riesgo institucional para prevenir el soborno y una agresiva simplificación administrativa para eliminar la perniciosa discrecionalidad de la que gozan muchos funcionarios.
Finalmente, esta agenda exige también un cambio en la forma de legislar. Honduras necesita un Congreso que privilegie la previsibilidad sobre la improvisación, que consulte antes de aprobar y que mida el impacto económico y social de cada ley.
Reformas repentinas, contradictorias o ideologizadas pueden ser tan dañinas como la inacción. En un país con alta fragilidad institucional, la estabilidad normativa es un activo tan importante como cualquier incentivo económico.
Por todo ello, insistir exclusivamente en quién dirigirá el Congreso es una mirada incompleta. La verdadera pregunta no es quién ocupará la presidencia, sino qué agenda se impulsará, con qué prioridades y bajo qué reglas.
Un liderazgo legislativo se mide menos por su capacidad de imponerse y más por su habilidad para articular consensos mínimos en torno a lo esencial.
