Narcotraficante

Un documento publicado el viernes por un tribunal federal de Nueva York implica al presidente hondureño Juan Orlando Hernández en una conspiración con su hermano, Antonio “Tony” Hernández, y otros funcionarios de alto nivel, incluido el expresidente Porfirio Lobo, “para usar el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político”.

El documento de 44 páginas, que está relacionado con el próximo juicio de Tony Hernández en el distrito sur de Nueva York por tráfico de drogas y otros cargos, resume algunas de las pruebas clave recopiladas por los fiscales contra el acusado, a quien señalan de ser un “violento, narcotraficante de multi-toneladas” que presuntamente abusó de sus conexiones políticas para obtener ganancias personales y políticas y al menos dos veces “ayudó a planear el asesinato de rivales del narcotráfico”.

Las revelaciones son las últimas de una serie de bombas que pintan una imagen cada vez más impactante de Honduras como un narcoestado, lo que complica aún más las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que ha llamado al presidente Hernández un aliado en la guerra contra las drogas. También parece proporcionar evidencia de la propia complicidad del gobierno hondureño en el aumento de la violencia que convirtió a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo y obligó a cientos de miles de migrantes a huir hacia el norte.

Univision intentó contactar a un abogado de Juan Orlando Hernández el sábado, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

Según la evidencia presentada por el fiscal federal Geoffrey S. Berman, en 2004 Tony Hernández comenzó a forjar relaciones con narcotraficantes, utilizando la influencia de su familia en la región para proporcionarles, a cambio de sobornos, “información sobre las actividades y operaciones de agencias de la ley que los traficantes podrían transportar cocaína a través de Honduras sin incidentes.

En los años siguientes, Hernández estableció conexiones con más narcotraficantes, incluidos miembros del cartel hondureño del Valle Valle y colombianos no identificados, que tenían acceso a laboratorios de cocaína. Al mismo tiempo, discutió una asociación con otro político del Partido Nacional, identificado como ‘Testigo Cooperante – 3′, que según los fiscales “también fue un narcotraficante a gran escala”.

Basado en la información contenida en los documentos,’Testigo Cooperante – 3’ parece ser Alexander Ardón, ex alcalde del Partido Nacional de El Paraíso, cerca de la frontera con Guatemala. Ardón, conocido por haber instalado un helipuerto en la parte superior de la municipalidad y estar flanqueado por guardias armados, fue acusado por los fiscales estadounidenses en enero.Expresidentes y “co-conspiradores”.

El documento de la corte no se refiere a Juan Orlando Hernández por su nombre, sino solo como CC-4, (Co-conspirador-4), quien se describe como “elegido Presidente de Honduras a fines de 2013”. El expresidente Lobo se identifica de manera similar como CC-3 (Co-conspirador-3).

Según los fiscales, Tony Hernández “le dijo a CW-3 [Ardon] que podrían formar una asociación particularmente exitosa basada en la protección de CC-3 [Pepe Lobo] y CC-4 [Juan Orlando Hernández] si ganaban en las elecciones de 2009, y que él creía que CC-4 [Juan Orlando Hernández] seguiría a CC-3 [Pepe Lobo] como presidente de Honduras y continuaría protegiéndolos ”.

La página 4 del documento se refiere al ‘Anexo A’, un cuadro que identifica los nombres de los conspiradores de acuerdo con su número CC. “El Gobierno respetuosamente solicita que el Anexo A se mantenga sellado hasta después del juicio”, agrega.

En 2009, un año electoral, Ardón se reunió con Lobo, quien le pidió “apoyo financiero y logístico” para su campaña, así como para Juan Orlando Hernández, que era un congresista líder en ese momento.
A cambio de protección y el nombramiento de un pariente para un puesto político, los fiscales alegan que Ardón acordó proporcionar $2 millones en financiamiento para las campañas. Después de entregar la primera mitad, Ardón supuestamente se reunió con Juan Orlando Hernández y Lobo.

Después de las elecciones, Juan Orlando Hernández supuestamente solicitó ayuda de Ardon para obtener los votos que necesitaba en el Congreso para convertirse en el presidente del organismo, de acuerdo con el documento de los fiscales. “CW-3 [Ardón] acordó ayudar y sobornó a los congresistas. CC-4 [Juan Orlando Hernández] más tarde agradeció a CW-3 [Ardón] por la asistencia y le dijo a CW-3 [Ardón] que, tal como se había prometido, CW-3 [Ardón] estaría protegido contra el enjuiciamiento y los ataques contra la policía”.

En los próximos años, Ardón y Tony Hernández supuestamente trabajaron juntos para traficar varios cientos de libras de cocaína cada mes. Cuando algo, o alguien, se interpuso en su camino, el documento de la corte dice que tomaron cualquier medida necesaria para protegerse y proteger sus operaciones. Según los fiscales, esto incluyó planear el asesinato de un rival con la ayuda de un funcionario de alto rango de la policía nacional y un empleado, quien luego de ser arrestado aparentemente representaba un riesgo porque “sabía demasiado sobre sus operaciones de narcotráfico”.

Luego, en 2012, el Congreso aprobó una legislación que permite la extradición de hondureños a los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. Según Ardón, Tony Hernández le dijo que la legislación se aprobó debido a la presión de los Estados Unidos y que estaba seguro de que no sería extraditado, pero menos seguro sobre el destino de su compañero.

Ese mismo año, Tony Hernández lanzó su propia campaña para un cargo político, postulándose y finalmente ganando un escaño en el Congreso como diputado suplente. A medida que la campaña se aceleró, el presidente Hernández, que se postulaba para su primer mandato, supuestamente le pidió a Ardón que apoyara su última campaña “sobornando a los políticos locales para que reunieran apoyo para [el presidente Hernández] de sus votantes”. Ardón supuestamente acordó pagar los sobornos a cambio de protección política y otros favores.

En 2014, comenzaron las extradiciones, con miembros del cartel del Valle Valle entre los primeros en ser capturados. El comisionado de policía que dirigió la operación, el general Ramón Sabillon, fue relevado de su cargo luego de acusar al presidente Hernández de proteger a Ardón. Sabillon luego abandonó el país después de recibir amenazas de muerte que atribuyó al gobierno.

La naturaleza pública de las acusaciones obligó al presidente Hernández a destituir al hermano de Ardón, Hugo Ardón, de su cargo en el gobierno como jefe de la autoridad de carreteras. Aún así, el presidente Hernández supuestamente solicitó la ayuda de Ardón para financiar su campaña de reelección de 2017.

Hasta la fecha, casi dos docenas de hondureños han sido extraditados a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Aún más, como Tony Hernández, quien fue arrestado en Miami en 2017, y Fabio Lobo, el hijo de Pepe Lobo que fue capturado en Haití, han sido arrestados fuera de Honduras.

Tony Hernández se declaro no-culpable de los cargos y su juicio está programado para comenzar el 2 de octubre. Fabio Lobo fue declarado culpable de tráfico de drogas en 2017 y sentenciado a 24 años de prisión.

Con múltiples procesos judiciales en curso, la evidencia recopilada por la DEA y los fiscales se ha filtrado constantemente. El 29 de mayo, otro documento relacionado con el juicio de Tony Hernández reveló que el presidente Hernández, su hermana Hilda Hernández y otros funcionarios de alto nivel fueron objeto de una investigación de la DEA en 2013.

La oficina del presidente emitió un comunicado diciendo que la investigación de la DEA de 2015 despejó a Hernández y que actualmente era “un socio de confianza” en la lucha de Estados Unidos contra el crimen organizado”.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, obligado a investigar las denuncias de los narcotraficantes, no encontró evidencia para apoyar la acusación contra el presidente y sus colaboradores”, dijo.

Justo esta semana, un documento relacionado con el juicio de otro narcotraficante hondureño condenado, Héctor Emilio Fernández, comúnmente conocido como “Don H”, quien fue sentenciado a cadena perpetua el viernes, alegó que había pagado un soborno al expresidente Mel Zelaya durante su campaña de 2005.

Si las acusaciones hechas por los fiscales son ciertas, entonces al menos los últimos tres presidentes recibieron sobornos de narcotraficantes.

Fuente: UNIVISIÓN

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