Para desgracia, malestar general, infortunio de nuestra nación, como consecuencia de actos irregulares de marcada informalidad y deslealtad, por diversos puntos de la geografía nacional, existe una lamentable inseguridad. La tensión forzada provoca a su vez, una indecisión o perplejidad que tiende a producir y tonificarse física y mentalmente por toda la población hondureña. La mayoría de la gente apesadumbrada manifiesta las más baladíes o triviales cuestiones en cuanto la existencia de lo antes indicado, suscitando expresiones de inconformidad o descontento.
EL daño real causado incide en cierta forma en un punto encaminado al menoscabo existente, efectivo, de miedo de resentimiento y significativa confusión. Hay que mantener una posición de aplomo, madurez, compostura, sensatez y prudencia que descanse a parajes o puntos de reposo que logre con simplicidad la granítica unidad de todo el pueblo hondureño. La lucha contra la corrupción, la violencia y sus inevitables o forzosas consecuencias es una operación de todos los sectores o fragmentos sociales, que, sin limitaciones, disminuye o termina con esa situación incómoda y degradante, por medio de una perfecta combinación eficaz de las autoridades y las fuerzas populares.
Es evidente que nuestro país ha renovado esencialmente por mejor y adecuado bienestar, el sistema sustancial y procesal de someter a uno o varios individuos a un proceso de castigo y posterior cumplimiento de las penas en materia criminal, respetando los derechos humanos del enjuiciado y encausados, así como a sus cómplices o encubridores, mediante un sistema justo de evaluaciones de las pruebas y demás piezas de convicción o convencimiento, a través de criterio amplio y equitativo de los jueces o magistrados.
Al seguir este orden de ideas, se considera que un presunto delincuente o delincuentes o malhechores, al ser juzgados, se les tiene que considerar sus derechos y obligaciones y, por lo tanto, ser sometidos a verdaderos establecimientos de seguridad, custodia y defensa social, al momento de ser recluidos en cárceles que reúnen las condiciones mínimas de protección o resguardo social, reuniendo condiciones mínimas de higiene, limpieza, espacio habitacional, de salubridad y otras de similar naturaleza, haciendo las necesarias separaciones entre los diferentes detenidos debido a sus condiciones de peligrosidad. Se debe impedir o evitar a toda costa que se cometan abusos en los Centros Penales, mismos que forman un cuadro de dolor y de verdadera tristeza y desconsuelo.
El reclamo general del pueblo radica en que las autoridades gubernamentales respondan a las necesidades actuales, dado el aumento alarmante de la criminalidad con la culminación o implementación de importantes reformas por el objetivo elemental de que un reo, preso recluso o malhechor, dentro de la inclinación de su tratamiento, se le tome en consideración su peligrosidad, su agresividad, las eventualidades del medio, las oportunas aportaciones presupuestarias de mejoramiento y otras particularidades, dada la finalidad de que pueda con trabajo, instrucción, cultura, especial intelectualidad y otras particularidades, alcance ser reincorporado socialmente para su propio beneficio y de toda la colectividad. Se tendrá que poner a trabajar en obras públicas a los reos o reclusos, o bien formalizar las realizaciones de labores industriales, agrícolas, ganaderas, imponiéndoles medidas de vigilancia estricta, correccional y disciplinaria, otorgándoles estímulos o provechos por sus labores de buen comportamiento, con el propósito de promover su readaptación o reinserción social en los extenso de la geografía nacional.
La práctica de este tipo de operaciones redunda en beneficio de toda la república. Tenemos el convencimiento que siempre involucrados con fe y esperanza puesta en Honduras, se puede lograr ansiosamente la prosperidad y tranquilidad para todos.
