La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras pone de relieve una dolorosa verdad: la erosión del estado de derecho, el abuso de poder y el debilitamiento institucional plagaron a Honduras por más de una década. Este caso emblemático expone cómo las autoridades hondureñas destituyeron arbitrariamente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, violando flagrantemente los derechos humanos y minando la independencia judicial.
La Corte dictaminó que Honduras es responsable de violaciones a los derechos de los cuatro magistrados destituidos y que fueron removidos de sus cargos en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 2012, en un acto arbitrario e ilegal por parte del Congreso Nacional, que después tendría repercusiones mucho más graves para el estado de derecho y el bienestar del pueblo hondureño. Más específicamente, la Corte determinó que la destitución se dio “a través de un acto de desviación de poder”, violando además “las garantías judiciales y el principio de legalidad”.
La destitución se produjo en un contexto de presiones políticas, con el Congreso Nacional actuando en consonancia con los intereses del presidente Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández, que ya en ese momento exhibía los primeros síntomas de una mitomanía que resultaría nefasta para el país. Finalmente se procedió con la destitución bajo argumentos infundados y prescindiendo del debido proceso. Una vez agotadas las instancias internas, los perjudicados acudieron al Sistema Interamericano para reclamar sus derechos y dejar constancia histórica del abuso de poder desplegado por personajes maquiavélicos.
La sentencia destaca que la independencia judicial es fundamental para el estado de derecho, y la destitución ilegal de los magistrados constituyó una violación flagrante de este principio. Además, el Estado hondureño no cumplió con su deber de investigar las amenazas y hostigamientos sufridos por los magistrados destituidos, lo que constituyó una segunda violación a sus derechos. Sin embargo, la sentencia no solo condena las violaciones pasadas, sino que también establece medidas para evitar su repetición y reparar el daño causado.
La Corte ordena al Estado hondureño tomar medidas legislativas y de otro carácter para garantizar la estabilidad e inamovilidad en el cargo de quienes ejercen la función judicial. Además, se requiere una compensación monetaria y actos públicos de reconocimiento de responsabilidad para las víctimas. Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer las instituciones democráticas en Honduras y restaurar la cultura de legalidad que hemos perdido como nación.
Es especialmente importante esta declaración de la Corte: “este Tribunal recuerda que las distintas autoridades estatales están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. Por tanto, en la aplicación de las normas actualmente vigentes en materia de juicio político de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las autoridades internas están obligadas a tomar en cuenta las interpretaciones de la Convención Americana realizadas por la Corte Interamericana, incluyendo lo relativo a la importancia del respeto al principio de legalidad, la independencia judicial, la garantía de estabilidad laboral, los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de los magistrados.”
Para evitar futuras violaciones, es fundamental que el país respete la independencia judicial, garantice el debido proceso y proteja los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Además, el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana es crucial para asegurar la justicia y prevenir reincidencias. Paralelamente, es prioritario que la Procuraduría General de la República interponga las acciones de repetición contra todos los diputados y magistrados involucrados en esta funesta agresión contra la majestad de la ley y que esos irresponsables sujetos carguen con el costo material de esta sentencia, aunque el costo moral sea imposible de reparar.
Este caso resalta la importancia de fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho. La sentencia nos deja una precedente contundente y abundante material para el estudio de las ciencias jurídicas y los derechos humanos. Sin embargo, también ofrece una hoja de ruta clara para evitar futuras violaciones y restaurar la confianza en nuestro sistema judicial. Es hora de que Honduras tome medidas concretas para garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos humanos fundamentales y vivir en un país donde la justicia y la legalidad prevalezcan.
