En el Diario Oficial La Gaceta fue publicado este jueves el decreto legislativo aprobado por el Congreso Nacional, mediante el cual se reformó el artículo 3 del Decreto 282-2010 (y sus reformas posteriores), devolviendo al Pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia las atribuciones administrativas que hasta ahora se encontraban concentradas exclusivamente en la presidencia del órgano.
La reforma, impulsada inicialmente por el diputado Francis Cabrera (Partido Liberal) y aprobada con más de 90 votos a favor, modifica la estructura de gobierno y administración del Poder Judicial para garantizar el principio de colegialidad, la igualdad entre magistrados y el fortalecimiento de los controles internos del máximo tribunal.
Entre las consideraciones expuestas en el decreto, publicado hoy en La Gaceta, se destaca textualmente: “Considerando que la concentración exclusiva de las facultades administrativas del Poder Judicial en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), vulnera el principio de colegialidad, rompe la igualdad entre magistrados y debilita los controles internos del máximo tribunal”.
Con esta medida, decisiones clave como la selección, nombramiento, ascenso, traslado, permuta y destitución de jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo del Poder Judicial pasan a ser responsabilidad del Pleno actuando de manera colegiada, requiriendo al menos ocho votos favorables para su validez.
La presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, conserva ciertas facultades, como la ejecución del Plan Operativo Anual (previa aprobación del Pleno) y la obligación de rendir informes trimestrales, pero pierde el poder absoluto que ejercía en materia administrativa desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la anterior Ley del Consejo de la Judicatura.
Esta reforma se presenta como una medida provisional mientras el Congreso Nacional avanza en la elaboración y aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, procesos que la propia presidenta Obando ha impulsado mediante llamados a mesas de diálogo interinstitucional.
La publicación del decreto en La Gaceta marca su entrada en vigencia inmediata y representa un cambio significativo en el equilibrio de poderes dentro del órgano judicial, en un contexto de debates sobre independencia, transparencia y gobernanza en el sistema de justicia hondureño.
El Congreso Nacional ha designado una comisión especial para socializar con el Pleno de la CSJ los proyectos de ley relacionados, con el objetivo de construir reformas integrales y consensuadas en el sector justicia.
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