El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, exhortó este viernes al Gobierno de Honduras a cumplir con su obligación de garantizar justicia por el asesinato de veinte personas campesinas ocurrido el pasado mes de mayo en la comunidad de Rigores, en el Bajo Aguán, departamento de Colón.
A través de un pronunciamiento, el experto de la ONU señaló que este crimen debe ser investigado de manera pronta, efectiva y transparente, con el propósito de que los responsables sean llevados ante la justicia, las víctimas reciban una reparación integral y se adopten medidas que impidan la repetición de hechos similares contra comunidades campesinas.
Según la información difundida, entre las víctimas se encuentran catorce hombres, tres mujeres y tres menores de edad, incluidos dos adolescentes de 14 años y uno de 17, quienes fueron asesinados por hombres armados presuntamente vinculados a estructuras criminales que operan en la zona.
Tidball-Binz recordó que el Bajo Aguán es una región marcada históricamente por conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la industria de la palma aceitera y la presencia de redes criminales, por lo que consideró que esta tragedia exige una respuesta firme del Estado conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
El relator subrayó que la justicia no debe limitarse únicamente a quienes ejecutaron los asesinatos, sino también alcanzar a quienes los planificaron, ordenaron o facilitaron. «Ninguna persona, grupo o institución que haya participado directa o indirectamente en estos crímenes debe quedar fuera del alcance de la justicia», enfatizó.
Asimismo, destacó que la reparación para los sobrevivientes y familiares de las víctimas debe ir más allá de una compensación económica, incorporando medidas que atiendan los daños materiales, morales y sociales ocasionados por la masacre.
Finalmente, el representante de Naciones Unidas sostuvo que la sociedad hondureña no puede permitir que una tragedia de esta magnitud permanezca sin esclarecer y sin sanción, reiterando el llamado a las autoridades para garantizar verdad, justicia y garantías de no repetición.