La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) puso en marcha una investigación para revisar más de un centenar de expedientes de adopción, luego de identificar posibles irregularidades en procedimientos realizados durante la última década.
La institución busca determinar si cada caso se desarrolló conforme a la normativa vigente y en apego al interés superior de la niñez.
La titular de la Senaf, Ada Mejía, explicó que el proceso de revisión responde a la necesidad de fortalecer la transparencia institucional y aclaró que no tiene motivaciones políticas.
Según indicó, la iniciativa pretende corregir una deuda histórica con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando que los procesos de adopción hayan cumplido con todos los requisitos legales.
La funcionaria señaló que, por el momento, no existen elementos suficientes para concluir que se hayan cometido actos ilícitos.
Explicó que una de las principales dificultades encontradas es el estado de los expedientes, ya que muchos presentan documentación incompleta, carecen de informes de seguimiento o no incluyen los registros elaborados por los equipos técnicos encargados de cada caso.
Mejía recordó que al asumir la dirección de la institución encontró más de 30 mil expedientes pendientes de cierre en todo el país, de los cuales cerca de 17 mil correspondían a una sola oficina regional.
Ante esa situación, la Senaf desarrolla un proceso de organización y depuración documental con el propósito de agilizar la atención de los casos acumulados y mejorar la gestión administrativa.
La revisión también abarca otros expedientes vinculados con la protección de menores, como parte de una estrategia para fortalecer el sistema de atención.
En ese sentido, la funcionaria informó que la institución impulsa la creación de centros de paso en diferentes regiones, con el objetivo de evitar que menores de zonas alejadas, como la costa norte, deban ser trasladados hasta Tegucigalpa por falta de espacios especializados.
Entre las inconsistencias que actualmente son objeto de análisis figuran la posible desaparición de documentos públicos, expedientes incompletos y otras situaciones que deberán esclarecerse conforme avance la investigación.
No obstante, Mejía reiteró que aún es prematuro emitir conclusiones, debido a que continúa la localización de archivos que podrían encontrarse en otras dependencias o pendientes de clasificación.
La titular de la Senaf estimó que en un período de entre dos y tres meses la institución contará con un diagnóstico más preciso sobre el estado de los expedientes revisados.
Asimismo, reafirmó el compromiso de la entidad de conducir el proceso con transparencia, responsabilidad y priorizando la protección integral de los derechos de la niñez hondureña.
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