Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) registraron este lunes la vivienda en Washington D. C. de la congresista demócrata Ilhan Omar, como parte de una investigación criminal federal, confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El operativo se ejecutó mediante una orden de registro autorizada judicialmente. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado todos los detalles del caso ni han precisado el alcance de las diligencias realizadas en la residencia de la legisladora, representante del estado de Minnesota.
La intervención ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio término, previstas para noviembre, en las que se definirá el control del Congreso estadounidense.
¿Qué investiga el Gobierno estadounidense?
Según reportes de medios estadounidenses, la investigación estaría relacionada con documentación migratoria de la familia de Omar, incluidos documentos que su padre habría completado cuando ella era menor de edad. La congresista ha negado previamente las acusaciones de fraude migratorio que han circulado en su contra.
El Departamento de Justicia confirmó la ejecución de la orden judicial, pero no ofreció detalles adicionales sobre las pruebas que buscan las autoridades ni sobre las posibles consecuencias legales de la investigación.
Por ahora, el registro de la vivienda no significa que Omar haya sido declarada culpable de algún delito. Tampoco se había informado de cargos formales derivados del operativo en los reportes consultados.
Ilhan Omar denuncia persecución política
Tras conocerse el registro, la congresista cuestionó la actuación de las autoridades y acusó a la administración del presidente Donald Trump de utilizar las instituciones federales para perseguir a sus adversarios políticos.
Omar sostuvo que la diligencia representa una escalada de los ataques en su contra y afirmó que no permitirá que la investigación silencie su posición política.
El caso ha generado cuestionamientos entre dirigentes demócratas, especialmente por la proximidad de las elecciones de noviembre y las directrices tradicionales del Departamento de Justicia para evitar actuaciones públicas que puedan afectar a candidatos durante períodos electorales.
La investigación continúa abierta y se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avance el proceso.