Honduras. Un proyecto de ley que podría transformar el panorama económico del país ha generado preocupación en diversos sectores. La propuesta de Ley de Justicia Tributaria, recientemente presentada en el Congreso Nacional (CN), enfrenta críticas por su potencial impacto en la generación de empleo y la atracción de inversiones.
Varios analistas y empresarios instan a los diputados a revisar minuciosamente el proyecto antes de considerarlo para su aprobación.
Esto, debido a que algunos artículos podrían «desincentivar la inversión y afectar gravemente la creación de empleos en Honduras».
Según fuentes del sector empresarial, en la actualidad se generan más de 400,000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos bajo los regímenes especiales, particularmente en la cadena de suministros.
Además, gran parte de las exportaciones agrícolas e industriales del país se encuentran amparadas bajo estos regímenes.
Sin embargo, se teme que la nueva ley elimine los incentivos fiscales que favorecen estos sectores, lo que podría repercutir negativamente en la economía nacional.
Datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que Honduras tiene una población económicamente activa de más de 6.8 millones de personas.
De las cuales 3.2 millones están desempleadas y 1.6 millones trabajan en la informalidad.
Únicamente dos millones de hondureños con empleo formal
Solo dos millones de hondureños cuentan con empleo formal en los sectores público y privado.
Ante este panorama, los críticos de la Ley de Justicia Tributaria sostienen que se debe priorizar la creación de un entorno que atraiga inversiones para reducir el elevado índice de desempleo, en lugar de eliminar los incentivos que estimulan la inversión.
«Eliminar los incentivos sería un tiro de gracia para la inversión, no solo disuadiría la entrada de nuevos capitales, sino que también alejaría a los inversores actuales hacia otros países más competitivos», advierten empresarios.
Las preocupaciones no se limitan a la eliminación de incentivos, ya que Honduras ya enfrenta problemas estructurales graves.
Entre ellos: altos costos energéticos, falta de infraestructura adecuada, inseguridad jurídica y ciudadana, y una mano de obra poco calificada.
El anuncio de la propuesta ha generado un clima de incertidumbre.
Algunas empresas ya han tomado la decisión de paralizar sus inversiones o incluso salir del país para trasladar su capital a naciones que ofrecen mejores condiciones para el desarrollo empresarial.
A pesar de las críticas, quienes apoyan la iniciativa sostienen que la ley busca poner fin a abusos y competencia desleal.
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Proponen que, en lugar de eliminar los incentivos para todos los sectores, se realicen inspecciones y fiscalizaciones a las empresas que estén exentas de impuestos y que estén incurriendo en irregularidades.
Según el artículo 21 del Código Tributario, la Secretaría de Finanzas ya tiene la facultad de realizar estas acciones a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria promete ser intenso en las próximas semanas, ya que su aprobación o rechazo podría definir el futuro económico de Honduras en los años por venir.