La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) logró que se dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., señalada de participar en el desvío de más de 18 millones de lempiras en perjuicio del Estado hondureño.
De acuerdo con el Ministerio Público, Mayorga es acusada junto a Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Ambos habrían defraudado al Estado mediante un contrato para el suministro de tarjetas PVC destinadas a la emisión de licencias de conducir.
Según las investigaciones, en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó la compra de 480 mil tarjetas a la empresa Plasticards, constituida solo dos meses antes. Sin embargo, de ese lote únicamente 258 mil llegaron al país, pese a que oficialmente se reportó el ingreso total.
Además, se comprobó que el 22 de enero de 2022, pocos días antes de que asumiera un nuevo gobierno, la Secretaría de Seguridad realizó un pago de 18.5 millones de lempiras a Plasticards.
Tres días después, Mayorga transfirió 17 millones a la empresa Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina, quien en ese momento tenía vínculos con el Estado.
El Ministerio Público señala que los involucrados utilizaron empresas fachada en el extranjero y sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para lavar fondos provenientes de la Tasa de Seguridad.
Por estos hechos, Mayorga enfrentará el proceso judicial bajo prisión preventiva, acusada de fraude y lavado de activos.