Tegucigalpa, Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández enfrenta una nueva etapa judicial en Honduras luego de comparecer el pasado 3 de agosto ante el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción por el denominado caso Pandora II.
La audiencia de declaración de imputado estuvo marcada por la petición del Ministerio Público para que el exmandatario fuera enviado a prisión preventiva, mientras su defensa solicitó que pudiera continuar el proceso en libertad.
Finalmente, el juzgado impuso medidas cautelares sustitutivas y permitió que Hernández permanezca en libertad mientras avanza la causa. Entre las restricciones figura la prohibición de abandonar el territorio hondureño.
Investigación por presunto desvío de fondos
El expediente Pandora II investiga un supuesto esquema mediante el cual fondos públicos habrían sido canalizados hacia fundaciones durante el período comprendido entre 2010 y 2013.
De acuerdo con las investigaciones citadas por medios nacionales e internacionales, los recursos involucrados superarían los L288 millones, equivalentes a unos 10.8 millones de dólares. La Fiscalía sostiene que parte de esos fondos habría terminado vinculada al financiamiento de actividades políticas.
Hernández enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, señalamientos que su defensa rechaza. El exmandatario ha sostenido que el proceso tiene motivaciones políticas y ha defendido su inocencia.
Un proceso que vuelve a poner a JOH bajo la lupa
La causa adquirió especial relevancia tras el regreso de Hernández a Honduras a finales de julio, luego de que un juez suspendiera temporalmente la orden de captura y la alerta internacional para permitir su comparecencia voluntaria ante la justicia.
El caso también ha tenido movimientos recientes respecto de otros señalados. Una Corte de Apelaciones revocó parcialmente algunos sobreseimientos y ordenó la continuación de procesos contra dos personas, mientras confirmó el cierre de la causa contra el expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Con la decisión de mantener a Hernández en libertad, el proceso Pandora II continuará en los tribunales hondureños. La Fiscalía deberá avanzar con las diligencias correspondientes, mientras la defensa busca demostrar que las acusaciones carecen de fundamento.
Por ahora, la situación jurídica del exmandatario permanece abierta y será el desarrollo de las siguientes etapas procesales el que determine si el expediente avanza hacia un eventual juicio.