El enfoque de Donald Trump hacia la inmigración irregular y el combate al crimen organizado ha marcado un punto de inflexión en la relación de Estados Unidos con los países de América Latina, especialmente aquellos del Triángulo Norte.
Desde el inicio de su mandato, Trump ha implementado medidas más estrictas para controlar la frontera sur de Estados Unidos y ha intensificado las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
Al mismo tiempo, ha elevado la lucha contra el narcotráfico y las pandillas, designando a grupos como la MS-13 y ciertos cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.
Inicialmente, es importante que Honduras comprenda las prioridades de la administración Trump y las aborde como una oportunidad para replantear la relación bilateral.
En el tema migratorio existen múltiples oportunidades de aprovechar la atención que la administración Trump le está dando, especialmente para promover movimientos migratorios ordenados y que contribuyen a la productividad de ese país.
Igualmente, la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen transnacional podría convertirse en un punto de partida para establecer un diálogo más profundo y estratégico con Estados Unidos.
La deportación masiva de hondureños plantea un desafío inmediato que exige respuestas concretas. Sin embargo, más allá de implementar programas de reinserción laboral, Honduras debe abordar las causas estructurales de la migración: la falta de empleo, la inseguridad y la corrupción.
En este sentido, el gobierno hondureño podría proponer acuerdos bilaterales que incluyan incentivos para la inversión estadounidense en proyectos de desarrollo económico local, especialmente en las zonas más afectadas por la migración.
Esto no solo es factible, sino que es algo que ese país anhela para fortalecer el nearshoring. Además, Honduras debe aprovechar su posición como receptor de remesas – una de las principales fuentes de ingresos del país– para negociar programas que faciliten la regularización de los hondureños que residen en Estados Unidos.
Este enfoque no solo protegería a miles de familias, sino que también reduciría la dependencia de la economía hondureña de las remesas, promoviendo un desarrollo más sostenible.
La decisión de Trump de clasificar a ciertas pandillas y cárteles como organizaciones terroristas marca un cambio drástico en la política exterior de Estados Unidos.
Esto tiene implicaciones directas para países como Honduras, donde la influencia de la MS-13 y otros grupos criminales ha contribuido al deterioro del tejido social y al éxodo masivo de ciudadanos.
En lugar de ver esta medida como una amenaza, el gobierno hondureño debería considerarla una oportunidad para posicionarse como un socio confiable en la lucha contra estas estructuras ilícitas.
Honduras podría, por ejemplo, negociar un aumento en la cooperación técnica y financiera en áreas clave como la inteligencia policial, la modernización del sistema judicial y la protección de testigos.
Estas iniciativas no solo fortalecerían la capacidad del Estado para enfrentar a las pandillas, sino que también enviarían un mensaje claro de compromiso con la seguridad regional.
Para que estas ideas se materialicen, Honduras necesita redefinir su política exterior. La postura reactiva y de dependencia que históricamente ha caracterizado la relación con Estados Unidos debe dar paso a un enfoque más proactivo y estratégico.
Esto implica construir alianzas con actores clave dentro del gobierno estadounidense, como el Congreso y las agencias de seguridad, para presentar propuestas claras y bien fundamentadas que beneficien a ambas partes.
Asimismo, el país debe reforzar su imagen internacional como un aliado confiable en la lucha contra el crimen transnacional y la gestión de la migración.
Esto no solo requiere acciones concretas, sino también una narrativa sólida que proyecte un compromiso real con el desarrollo y la seguridad regional, incluyendo rectificar la decisión de eliminar el tratado bilateral de extradición.
Las políticas de Donald Trump hacia la inmigración irregular y el crimen organizado plantean retos significativos para Honduras, pero también abren una ventana de oportunidad para renegociar aspectos fundamentales de la relación bilateral.
En lugar de ver estas medidas como un ataque, Honduras debe adoptar una perspectiva estratégica que le permita aprovechar los intereses compartidos en materia de seguridad y desarrollo.
La cooperación, siempre que sea mutuamente beneficiosa, puede convertirse en una herramienta poderosa para abordar problemas de larga data en nuestro país.
Sin embargo, lograr este objetivo requiere liderazgo político, una actitud pragmática y una voluntad genuina de construir soluciones sostenibles que respondan a las prioridades de ambas naciones.
Solo así podremos transformar los desafíos actuales en cimientos para un futuro más próspero y seguro.
