Por Rodolfo Dumas Castillo
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) emitió recientemente un informe en el que señala a Nicaragua por violaciones de derechos laborales y humanos, recomendado varias medidas que incluyen la suspensión de los beneficios CAFTA-DR y la aplicación de aranceles de hasta el 100% a las importaciones de ese país.
Aunque aún no se han implementado y de que están dirigidas a un país vecino, estas podrían tener implicaciones profundas para la región. Para Honduras representa una ventana de oportunidad que se abre justo en medio del proceso electoral.
Las elecciones generales que se avecinan son, para muchos, una disputa por el rumbo político del país. Pero también lo son por el modelo económico que queremos construir en los próximos años.
El informe del USTR nos recuerda que las relaciones comerciales y las inversiones no dependen solo de incentivos económicos, también se basan en valores, instituciones sólidas y el respeto a derechos fundamentales.
En ese sentido, esta coyuntura podría convertirse en un punto de inflexión para Honduras, si es aprovechada con visión de Estado. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y, bajo el CAFTA-DR, miles de empleos en el país dependen de esa relación.
Si Nicaragua pierde beneficios preferenciales o enfrenta restricciones, es previsible que muchas empresas e inversionistas busquen reubicar sus operaciones en un entorno más estable y confiable dentro de la región.
Honduras podría convertirse en ese destino, pero solo si enviamos señales claras y firmes al mundo de que somos un país que respeta la ley, que protege los derechos laborales y que ofrece un marco institucional predecible. Aquí es donde entra el debate electoral. Los candidatos presidenciales hablan de crecimiento económico, generación de empleo y atracción de inversiones, pero pocas veces explican cómo pretenden lograrlo.
Esta coyuntura internacional es una prueba práctica para ver si la clase política hondureña es capaz de pensar estratégicamente y anticiparse a los acontecimientos. Quien llegue a gobernar a partir de 2026 deberá entender que atraer inversión no es simplemente ofrecer exoneraciones fiscales, sino garantizar reglas claras, seguridad jurídica y respeto a las libertades fundamentales.
En otras palabras, esta oportunidad no se materializará automáticamente. Si Honduras no actúa, otros países de la región con marcos institucionales más robustos la aprovecharán. El silencio o la falta de claridad de los candidatos frente a un hecho tan relevante enviaría un mal mensaje pues implicaría que seguimos reaccionando tarde a los cambios globales.
Este es también un momento para exigir a los liderazgos políticos definiciones concretas. ¿Cuál es la visión de país que ofrecen frente a escenarios internacionales que se mueven con rapidez? ¿Cómo piensan fortalecer el Estado de derecho y mejorar nuestra competitividad institucional para aprovechar oportunidades como esta? ¿Cómo piensan alinear sus discursos con las exigencias del principal mercado al que exportamos? Estas son las preguntas que deberían estar en el centro del debate público.
Por supuesto, la empresa privada tiene un rol que jugar, pero no puede sustituir a la política pública. Puede impulsar estrategias de promoción y coordinar esfuerzos para atraer inversión, pero sin un gobierno que brinde certidumbre, sus esfuerzos tendrán un techo.
Esta oportunidad demanda una visión compartida entre Estado y sector productivo, donde el próximo gobierno defina una hoja de ruta clara y el sector privado acompañe con inversión y confianza. El mundo está observando cómo nuestros países respetan (o no) las libertades y los derechos fundamentales.
Las sanciones a Nicaragua no se basan únicamente en indicadores económicos, sino en la conducta política de su régimen. Si Honduras quiere presentarse como una alternativa confiable, no basta con discursos, requerimos instituciones sólidas, respeto al estado de derecho y una democracia funcional.
De cara a las elecciones, los candidatos tienen en sus manos la posibilidad de transformar esta coyuntura externa en un proyecto nacional. Un proyecto que coloque a Honduras como un socio estratégico para Estados Unidos, no solo por su ubicación geográfica, sino por su compromiso con la democracia y el desarrollo.
Esta es una narrativa que puede atraer inversión, generar empleo y fortalecer la estabilidad económica, pero requiere claridad política y liderazgo. La política hondureña suele moverse en torno a conflictos internos, ataques personales y promesas vacías. Pero hay momentos en los que la realidad internacional ofrece oportunidades que pueden cambiar el rumbo de un país. Este es uno de esos momentos.
La diferencia entre aprovecharlo o dejarlo pasar dependerá de si quienes aspiran a gobernar tienen la capacidad de pensar más allá de la coyuntura electoral. Si Honduras logra articular una visión política clara, respetuosa de las libertades y orientada a generar confianza, esta decisión de Estados Unidos puede convertirse en un catalizador de desarrollo. Si no, será simplemente otra oportunidad perdida en medio de la contienda política.
