El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores Castellanos, a quien se le supone responsable de los delitos de fraude y abuso de autoridad por omisión en perjuicio de la administración pública.
La acción penal también involucra a exfuncionarios y particulares señalados por presuntas irregularidades en procesos de contratación y manejo administrativo dentro de la institución.
Señalan presuntas plazas fantasmas
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que la investigación apunta a la supuesta contratación de personas que no habrían desempeñado funciones reales dentro del INAMI.
“Valiéndose de su cargo, utilizó como artificio para defraudar al fisco la contratación de cinco empleados ficticios, que al final terminaron siendo como lo que conocemos como paracaidistas”, declaró Mora.
Según la acusación, entre las personas señaladas figuran familiares y allegados a la exfuncionaria, incluyendo a Kritsel Montserrat Pérez Flores y Carlos Humberto Rivera Mejía, quienes presuntamente no contaban con contrato formal, expediente laboral ni registros de asistencia.
Asimismo, se menciona a Lenín Edgardo Coello Martínez, quien habría sido incorporado a la planilla como capacitador sin cumplir los requisitos establecidos, además de Alejandra Gisselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar, señaladas por supuestos vínculos con la estructura administrativa investigada.
Investigaciones y auditorías
De acuerdo con el Ministerio Público, la acusación está sustentada en expedientes investigativos, documentación administrativa y auditorías internas que evidenciarían posibles responsabilidades penales y administrativas.
Mora indicó que, por ahora, el requerimiento fiscal está dirigido contra la exdirectora Flores Castellanos, mientras las autoridades continúan analizando la posible responsabilidad de otros exfuncionarios vinculados al caso.
Antecedentes
Ninfa Suyapa Flores fue separada de su cargo en junio de 2024, tras la muerte de un menor de edad en un centro bajo la supervisión del INAMI.
Además, en abril de 2026 fue señalada en otro proceso judicial relacionado con presunto acoso laboral vertical, donde se le acusó de ejercer presión y hostigamiento contra profesionales de la institución.