Tegucigalpa, Honduras.– El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto, salió al paso de las críticas contra la Ley de Empleo a Tiempo Parcial y rechazó los planteamientos que proponen su derogación debido al limitado número de contratos registrados desde su entrada en vigencia.
Puerto sostuvo que la normativa debe ser vista como una herramienta para ampliar las alternativas de contratación formal y generar nuevas oportunidades laborales, por lo que consideró prematuro evaluar su efectividad cuando todavía se encuentra en una etapa inicial de implementación.
El funcionario atribuyó parte de las dificultades para su aplicación a los elevados niveles de informalidad que caracterizan al mercado laboral hondureño. Según sus declaraciones, el 82 % de las empresas se encuentra en la economía informal, situación que, a su juicio, limita el interés de algunos empleadores por incorporarse a un esquema que exige cumplir con obligaciones laborales y de seguridad social.
La discusión sobre el futuro de la normativa cobró fuerza en las últimas semanas. La diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, señaló que el Congreso Nacional está dispuesto a revisar y, de ser necesario, reformar la ley ante el bajo impacto registrado en materia de contratación. La legisladora indicó que antes de plantear cambios será necesario escuchar tanto al sector empresarial como a los trabajadores para determinar las razones por las que el mecanismo no ha tenido la respuesta esperada.
Ante estas críticas, Puerto defendió la decisión del Congreso de aprobar la normativa y consideró que el proceso de estudio y socialización realizado antes de su aprobación también debe ser tomado en cuenta.
La Ley de Empleo a Tiempo Parcial, aprobada mediante el Decreto Legislativo 45-2026, establece una modalidad excepcional para relaciones laborales con jornadas inferiores a la ordinaria. La legislación contempla contratos con jornadas de entre 18 y 32 horas semanales y establece que deben formalizarse por escrito antes del inicio de la relación laboral.
Uno de los objetivos planteados por la normativa es facilitar la incorporación al mercado laboral de sectores que podrían beneficiarse de jornadas reducidas, entre ellos jóvenes, estudiantes, mujeres con responsabilidades de cuidado y adultos mayores, sin eliminar los derechos laborales y de seguridad social establecidos por la legislación.
La Secretaría de Trabajo, por su parte, ya habilitó un registro digital de contratos a tiempo parcial, mediante el cual busca facilitar los trámites para las empresas y fortalecer el control de esta modalidad de contratación. La institución también mantiene disponible un instructivo para el registro de estos contratos a través de su plataforma digital.
Puerto aseguró que la Secretaría ha cumplido con las tareas que le corresponden para poner en funcionamiento la ley, entre ellas la habilitación del sistema de registro y la capacitación dirigida a empresas e inspectores laborales.
Aunque reconoció que el número de contratos registrados todavía es reducido, el ministro sostuvo que la modalidad podría ganar aceptación progresivamente a medida que las empresas conozcan su funcionamiento y los beneficios que ofrece.
La normativa establece que los trabajadores contratados bajo esta modalidad deben recibir derechos laborales y de seguridad social en condiciones de igualdad y proporcionalidad respecto al trabajo a tiempo completo, de acuerdo con la naturaleza del derecho correspondiente. También contempla el pago proporcional del salario según las horas laboradas.
El debate, sin embargo, continúa abierto. Mientras el Gobierno considera que la ley necesita tiempo para consolidarse, sectores empresariales y políticos cuestionan los resultados obtenidos hasta ahora y plantean la necesidad de revisar su contenido.
De esta manera, la discusión sobre la Ley de Empleo a Tiempo Parcial se mantiene como uno de los temas centrales de la agenda laboral hondureña, con posiciones encontradas entre quienes defienden su permanencia como una alternativa para impulsar la formalización y quienes consideran que los resultados iniciales no corresponden con las expectativas que acompañaron su aprobación.
Por ahora, el Gobierno mantiene su postura de no derogar la normativa y apuesta por fortalecer su aplicación, mientras el Congreso Nacional ha dejado abierta la posibilidad de analizar eventuales reformas después de escuchar a los diferentes sectores involucrados.