Redacción. Dos empleados de una clínica en Ontario, California, enfrentan graves acusaciones por presuntamente interferir en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Todo comenzó cuando Denis Guillén Solís, un hondureño buscado por las autoridades migratorias, ingresó sin permiso al Centro Quirúrgico Avanzado para evitar ser capturado.
Guillén Solís no era paciente del centro médico ni tenía cita alguna. De acuerdo con el fiscal federal del Distrito Central de California, Bill Essayli, el hondureño simplemente “corrió adentro para refugiarse”, lo que provocó una reacción inmediata del personal clínico.
Según la denuncia, José De Jesús Ortega, uno de los trabajadores, agredió a los agentes federales mientras intentaban arrestar a Guillén.
@n.mas Agentes federales de inmigración persiguieron a Dennis Guillén, un jardinero hondureño, hasta el Centro de Cirugía Avanzada de Ontario, California, donde el hombre intentó resguardarse. Los agentes fueron confrontados por médicos y enfermeras, que exigieron identificaciones y una orden judicial a los agentes, que se metieron al lugar sin enseñar ningún documento. En el video del altercado se observa al personal defendiendo al inmigrante, aunque no lograron impedir su arresto. El ICE ha intensificado sus detenciones de migrantes en las últimas semanas. #ice #migracion #migrantes #eeuu #california
Fue detenido por este motivo. Por otro lado, Danielle Nadine Dávila, tecnóloga quirúrgica certificada, aún se encuentra prófuga. Las autoridades afirman que bloqueó físicamente a los oficiales y ayudó a Guillén a ocultarse.
Además, los informes indican que el personal cerró con llave las puertas de la clínica para impedir el acceso de ICE y llamó al 911 denunciando un supuesto secuestro, acción que fue considerada por los agentes como una táctica para desviar la atención.
El caso ha generado un intenso debate sobre el rol de los civiles frente a operativos migratorios.
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Mientras algunos defienden la actuación de los trabajadores como un acto de humanidad, el sistema judicial los acusa de obstrucción federal.
Guillén Solís está bajo custodia, y el futuro legal de Ortega y Dávila se decidirá en tribunales.