Herbert Rivera C.
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En Honduras, cifras recientes del ente que se supone debe proteger a los niños, la Dirección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Dinaf), dan cuenta que cada día, en promedio, se registran 4.6 denuncias relacionadas con delitos sexuales contra menores de edad y eso es una situación delicada y muy grave pues equivale a que cada seis horas un niño o una niña es víctima de depredadores sexuales.
Esa violencia sexual es otro tipo de pandemia ensañada con el presente y futuro de la patria, es de vieja data, pero que solo de 2016 a 2020, según reportes oficiales, registró 8,732 niñas equivalente a un 87.55 por ciento del total de agredidos, y mil 99 niños, es decir, el 12.28 de las estadísticas de abuso sexual.
Diariamente, solo en Tegucigalpa se reportan más de dos casos de violaciones sexuales a menores de 14 años, además el 90 por ciento de los delitos los cometen familiares de las víctimas y las condiciones en que ocurren tienen relación con situaciones de pobreza y hacinamiento.
No debiese ocurrir problema tan aberrante, habida cuenta que hay 169 “instituciones residenciales de cuidado alternativo” o casas hogares supuestamente destinadas a cuidar y proteger a niños en riesgo social, pero contrario a eso, ahí, en sus cuidadores han encontrado a sus verdugos, auténticos mal paridos y delincuentes sexuales que por años los han sodomizado y algunos siguen sin castigo.
Pese a la gravedad para denunciar la vulneración de los derechos de la niñez, la Dinaf apenas tiene oficinas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Comayagua, y Santa Rosa de Copán.
Detenciones recientes de los administradores del “Ministerio Puertas Abiertas”, en Tocoa, Colón; la sentencia de casi 28 años para Reyna Yamileth Osorto, agresora sexual de cinco niñas en el “Hogar: Yo Quiero Ser”, ubicado en la colonia “Sandoval Sorto”, de San Pedro Sula; también la sentencia de 282 años para Justo Pastor Aguilera Osorto, un licenciado en Filosofía que por años violó niños en el centro “Mis Nuevos Sueños” del sector “Satélite”, de San Pedro Sula; y Jairo Joshua Alvarado Moradel, instructor del hogar “Enmanuel”, de la sampedrana colonia “Bográn”, sentenciado a 137 años por ilícitos sexuales, confirman infortunadamente la existencia de este tipo de malditos, agazapados pero al acecho en esos centros sin vigilancia ni supervisión de nadie, y, si existe, es poca o casi nula, y la burlan siempre. Tales experiencias corroboran que algunos de esos centros son “campos de cultivo muy peligrosos” de violencia y abusos sexuales no visibles.
Es una infamia, hasta hace poco invisibilizada y casi tolerada, lo que ocurre y lo que le hacen esos pervertidos a nuestros niños, especialmente en contra de los más pobres o en riesgo, no solo social, sino vulnerables a peligros de todo tipo y que nunca estuvieron seguros en sus casas, menos en las calles, peor en esos centros de menores en donde en lugar de protegerlos los victimaron.
Pobres infantes ellos pues ni siquiera han sido protegidos en “las casas de Dios”, templos e iglesias, madrigueras algunas, de curas y pastores descarriados, pervertidos por el pecado y consumidos por el sexo que, con saña se han cebado atacando y torturando a niñas y niños y volviendo auténticas pesadillas sus más alegres sueños.
Evidencia de lo antes señalado se produjo desde 2007 en un centro de menores de El Progreso, en el que el sacerdote católico estadounidense Joseph Maurizio, abusó de niños y adolescentes huérfanos bajo su cuidado en la “Fundación ProNiño”.
También en esa galería maldita están Róger Abraham Flores Díaz, “anciano mormón” y pastor de la iglesia “Testigos de Jehová”, sentenciado a 221 años, encarcelado por 13 delitos de violación especial a una menor de 12 años; y además Franklin Geovanny Cabrera, pastor de la Iglesia Evangélica, sentenciado en marzo 2017 a 136 años de prisión por ocho delitos de violación especial en perjuicio de cuatro niños.
Evidencias presentadas por fiscales de la Niñez, que resultan escasos y hacen una labor titánica para la magnitud de un problema que resulta descomunal, corroboran además que estos criminales sexuales amenazan, intimidan, y realizan tratos inhumanos para concretar sus abusos sexuales y saciar sus instintos animales.
Paradójicamente, mientras el abuso sexual infantil es invisibilizado, resulta evidente la falta de supervisión y la carencia de una política de Estado que proteja a la niñez en riesgo, lo cual genera que esos crímenes se cometan en total impunidad.
Para que eso ocurra, contribuye la limitada capacidad institucional y poca cobertura territorial de servicios encaminados a resolver eficazmente las situaciones de vulneración de derechos en contexto de violencia sexual.
Es por todo ello que, el alto nivel de violencia ejercida contra niños y niñas hace indispensable la consolidación de un sistema para protegerlos, es, además, urgente propiciar el desarrollo de condiciones protectoras en la familia, la escuela y en general en su entorno, y atender también a los determinantes estructurales de la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia.
El abuso sexual a menores requiere medidas inmediatas para prevenirlo y romper con patrones sociales de conducta y para evitar su normalización el Estado debe adoptar medidas fuertes para atacar el efecto, las consecuencias, y las causas para combatir esta otra pandemia no viral, y que en ocasiones resulta mortal para los más indefensos de la sociedad: los niños.
