Por Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Cuando un político inicia su carrera, casi siempre lo hace invocando el ideal democrático y el llamado de servir a la patria. Más temprano que tarde, nuestro iluso político descubre que el sistema de partidos funciona con reglas muy diferentes a sus creencias. Descubre que ni el partido ni el ecosistema político en el que se moverá tienen nada de participativos ni incluyentes.
Este cuadro de pesimismo sobre la política nacional revela la urgencia de discutir con franqueza la necesidad de sentar las bases que impulsen un verdadero cambio institucional en Honduras. El panorama que vemos hoy es desalentador y muy diferente a las promesas hechas por los políticos y líderes empresariales desde aquel lejano 1982: pobreza, corrupción e inseguridad ciudadana. Incluso, nos vimos amenazados por un gobierno autoritario que apostaba por quedarse en el poder de manera permanente.
Este llamado de atención lo hacemos para evitar que una futura indignación colectiva ponga en riesgo la frágil estabilidad social y la democracia -débil democraciaque presumimos tener.
Aunque es cierto que el sistema nos permite votar cada cuatro años, esa “participación” electoral no coincide con la verdadera “representación” popular en el Legislativo, donde los problemas centrales del país apenas se debaten. A este cuadro de ineficacia parlamentaria debemos sumar la incapacidad del Estado para proveer servicios públicos de calidad a los más pobres, así como un aparato empresarial demasiado limitado para absorber plenamente la fuerza laboral.
¿Podemos hablar de democracia cuando más del 60 % de la población vive en situación de pobreza y nuestro PIB es de los más bajos en el continente? Aún más: pese a las penurias sociales, ¿cómo es posible que el sistema aún se mantenga a flote?
En principio, esas élites económicamente poderosas concentran los beneficios restringiendo los recursos hacia otros sectores. Las oportunidades están disponibles, es verdad, pero en cantidades insuficientes para mantener cierta conformidad social. En otras palabras, mercado y Estado disponen un poco de cada cosa, aunque miles de hondureños quedan excluidos de los beneficios. Debemos advertir que, aunque la sociedad permanezca fragmentada y con escasa capacidad organizativa, la inconformidad generalizada se acumula silenciosamente.
Las nuevas generaciones perciben que sus esfuerzos rara vez se ven recompensados, por lo que buscan una salida en otros lugares. Y esos lugares incluyen la migración, la informalidad económica, romper las reglas o depositar la confianza en líderes populistas de izquierdas y de derechas.
Si queremos una democracia efectiva, debemos alterar por completo el guion del sistema; desechar las viejas leyes. La verdadera ruptura no vendrá reciclando a los mismos políticos y partidos, sino de los cambios institucionales que deben comenzar a producirse a partir de este momento.
Los hondureños no pedimos concesiones ni mercedes, sino lo que nos corresponde por el derecho de haber nacido en esta tierra. Los líderes políticos y empresariales ignoran que el tiempo y la paciencia se agotan y que, si no abren otras opciones, será la presión social la que los obligue a cambiar esa lógica conservadora de lo que suelen llamar “nuestra democracia”.
