El Congreso Nacional anuncia la discusión de la cuestionada Ley de Justicia Tributaria (LJT), un proyecto que tiene un fuerte componente ideológico y de reformas al sistema tributario de Honduras.
“Yo creo que en abril, el presidente de la comisión, Hugo Noé Pino, presentará el dictamen a la secretaría del Congreso Nacional”, anunció el diputado de Libre, Ramón Barrios.
Para este diputado constitucionalista, el proyecto ha sido “socializado con todos los sectores”, incluso con las fuerzas políticas en lo interno del Congreso Nacional, los cuales presentaron observaciones.
No obstante, hasta el momento se desconoce qué sugerencias planteadas por esos grupos han sido incluidas en el dictamen que presentarán en los próximos días.
La semana pasada, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) solicitó un diálogo para analizar la Ley de Justicia Tributaria antes que esa normativa entre al Congreso Nacional y así medir su impacto.
Mientras el Foro Social de la Deuda Externa para Honduras (Fosdeh) propone un pacto fiscal como marco esencial para ejecutar esa ley tributaria.
CONTENIDO DE LA LEY
En el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria presentada por la SAR en días pasados, tiene como componente la derogación de 10 regímenes de beneficios tributarios.
Esa importante derogación también establece que las empresas acogidas en esos regímenes mantendrán los beneficios por un tiempo limitado, el cual no será prorrogado.
Los regímenes que el Gobierno se propone eliminar son:
- Zonas libres (le quedan 27 años)
- Régimen de importación temporal (14 años),
- ‘Call center’ (duración no disponible),
- Energía renovable (tiempo de duración de los contratos),
- Energía térmica (tiempo de duración de los contratos),
- Agroindustrial (creado en el 2006),
- Fomento al turismo (20 años),
- Transporte terrestre,
- Zolitur (17 años) y alianza pública privada (tiempo de duración del contrato).
Pero también, en su artículo 14, la Ley Tributaria comienza a mostrar su brazo coercitivo al dejar la facultad al Gobierno, a través de Sefin, de cancelar los beneficios de “conformidad con los casos y los efectos establecidos en el Código Tributario”.
Es decir, el Gobierno podrá proceder a cancelar esos regímenes antes de su vencimiento por el “uso indebido o el abuso en perjuicio del Fisco o porque los beneficiados hayan incumplido los compromisos y objetivos estipulados”, de acuerdo con criterios del Ejecutivo.
Otra novedad en la ley es que esa norma jurídica ordena la creación del Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo (Rinde), un nuevo organismo que servirá para controlar las inversiones nacionales y será administrada por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
El proyecto de Ley de Justicia Tributaria contiene otros elementos, como retornar al principio de renta mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de las grandes empresas a paraísos fiscales.
De aprobarse el cambio, 503 empresas y personas naturales empezarían a pagar por los ingresos percibidos en el exterior, según los cálculos del Gobierno.
Con el principio de renta mundial, el Estado determina poner impuestos a sus habitantes por las utilidades que produzcan, sin importar si estos ingresos se producen dentro o fuera del territorio.
En la región, este principio es utilizado por países como Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela.
CARGA IDEOLÓGICA Y DISCRIMINATORIO
Recientemente, Eduardo Facussé, ahora expresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cortés (CCIC), presentó un análisis donde señala que el proyecto de ley presenta algunos avances en materia de transparencia y colaboración para evitar la evasión fiscal.
Pero “la empresa privada ve con preocupación que el proyecto tenga más bien una reforma ideológica, cargada de resentimiento y apasionamiento, en vez de sustentarse en criterios económicos y técnicos con una perspectiva objetiva que verdaderamente promueva el desarrollo del país”.
Facussé criticó la pretensión de eliminar todos los regímenes existentes porque eso envía un mensaje de que «todas las empresas y todas las actividades son malas».
Justificó que estos regímenes, que se pretenden eliminar, son manejados por muchos países vecinos y alrededor del mundo como instrumentos de desarrollo económico.
«Honduras no es una isla, competimos para atraer inversión, nacional y extranjera, el trabajo que tenemos que hacer es corregir lo que está malo, proteger lo que está bueno para desarrollar la economía», argumento.
Sobre los dos nuevos regímenes propuestos en el proyecto de ley —Régimen de Zonas Francas y Rinde —, Facussé manifestó que el Régimen de Zonas Francas es «discriminatorio» y que de aprobarse «para el hondureño será prohibido invertir en industrias de exportación, ya que el proyecto limita a que sea capital en su mayoría extranjero el que pueda invertir en este régimen, esto es totalmente discriminatorio y errado».
SÉPALO
- La propuesta de Ley de Justicia Tributaria fue presentada el pasado 8 de marzo por el entonces ministro del SAR, Marlon Ochoa, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el ahora exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.
- La propuesta de ley pretende eliminar 14 de los 18 regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales que existen en el país, al igual que ocho decretos que tienen que ver con exoneraciones aprobadas entre 2011 y 2021.
- El 26 de abril, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional, por instrucción de la presidente Xiomara Castro y su gabinete, el proyecto de Ley de Justicia Tributaria.