Para que una ley sea efectiva, es necesario que sea legítima en función del bien común y no para encubrir o apoyar malas administraciones estatales. La legitimidad de una ley se basa en su coherencia con los valores éticos y morales de la sociedad, así como en su capacidad para promover el bienestar general y garantizar la justicia.
Una ley legítima debe reflejar los principios fundamentales de la sociedad y respetar los derechos y libertades de los ciudadanos. Debe ser creada a través de procesos democráticos y transparentes, permitiendo la participación de los afectados y fomentando el debate público. Si una ley se promulga con el único propósito de favorecer intereses particulares o de apoyar a una administración estatal corrupta, se socava su legitimidad y se pone en riesgo el Estado de Derecho.
Además, una ley efectiva debe estar orientada al bien común. Esto implica que sus objetivos y disposiciones deben buscar el beneficio general de la sociedad en lugar de favorecer a grupos privilegiados o a las élites en el poder. Una ley legítima debe abordar problemas sociales, económicos o ambientales, y promover la justicia. Debe tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos y buscar soluciones que beneficien al conjunto de la población.
Las leyes no deben utilizarse como herramientas para encubrir o justificar las malas acciones de las administraciones estatales. Es responsabilidad de los gobiernos ejercer una gestión transparente, basada en la rendición de cuentas y la responsabilidad hacia los ciudadanos. Cuando una ley se utiliza para proteger a los corruptos o para encubrir malas prácticas administrativas, se pervierte su propósito original y se socava la confianza de la sociedad en las instituciones públicas.
En este sentido, es esencial contar con mecanismos de control y supervisión independientes que aseguren la aplicación adecuada de la ley y prevengan su manipulación. Los organismos de control, la justicia y los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la vigilancia de la legalidad y en la denuncia de posibles abusos o irregularidades.
La ética en un gobierno es fundamental para asegurar la legitimidad de las leyes que se promulgan. Cuando los líderes y funcionarios públicos actúan de manera ética, se fomenta la confianza de la sociedad en las instituciones gubernamentales y en el proceso legislativo. Esto fortalece la aceptación y el cumplimiento de las leyes por parte de los ciudadanos, ya que confían en que las normas establecidas son justas y beneficiosas para la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, también puede influir en la ética de un gobierno. Una ley ilegítima o injusta puede llevar a que los líderes y funcionarios públicos se vean tentados a actuar de manera contraria a la ética, ya sea mediante la manipulación de la ley o la aplicación selectiva de las normas. Esto puede socavar la confianza de la sociedad en el gobierno y generar un clima de descontento y desconfianza.