Por Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Sospecho que las expectativas que tenemos los ciudadanos son muy diferentes a los planes del nuevo gobierno hondureño. Las promesas de campaña, contenidas en una especie de hoja de ruta –como decía Juan Orlando Hernández—, han comenzado a implementarse con acciones de corto plazo, necesarias para ganar legitimidad, pero insuficientes para gestar cambios profundos.
Es decir, los grandes problemas estructurales no se resolverán con retoques institucionales, y esto lo tiene claro la administración nacionalista que prefirió lanzar un pequeño programa de correcciones antes que embarcarse en un proyecto de cambios profundos. Debemos estar claros de que cuatro años son insuficientes para transformar el Estado y establecer un sistema de igualdad de oportunidades. Eso equivaldría a instaurar mecanismos serios de vigilancia a las acciones de los funcionarios y, por otro lado, generar las condiciones institucionales para que los ciudadanos puedan prosperar. Ahora entendemos por qué los gobiernos se inclinan más por las mejoras superficiales.
Pero un cambio profundo no solo incluye a la política, sino también a las relaciones entre el poder económico y los ciudadanos. Para nadie es desconocida la existencia de una élite conservadora que goza de las prerrogativas del Estado, mientras gran parte de la población va quedando al margen de las decisiones políticas y del mercado.
Eliminar esos privilegios proteccionistas –exenciones, favores en compras y licitaciones, permisos especiales, licencias, etcétera— deberá ir acompañado de una liberalización de los mercados, de seguridad jurídica, del saneamiento de los organismos fiscalizadores y de un férreo combate a la corrupción y el crimen organizado. Eso, si se desea cambiar totalmente el rumbo del país.
Sin estas garantías básicas, el eslogan de “¡Vamos a estar bien!”, que pregonan los nacionalistas, más temprano que tarde, terminará siendo una frase vacía para los ciudadanos que esperan ver cambios sustanciales en el Estado y en sus vidas.
Si el gobierno desea construir una nación donde los ciudadanos prosperen, deberá desmontar esa estructura patrimonialista de oligopolios que dificulta la participación de nuevos competidores, especialmente las pymes.
El bienestar social no puede basarse únicamente en la generación del empleo como medida para salir de la pobreza o excusa para frenar la migración. Es la movilidad social la que evitará que la población se desplace en busca de mejores perspectivas.
Así pues, construir una democracia sólida puede que sea un trabajo arduo, pero necesario para la estabilidad social. Por el contrario: renunciar a ese esfuerzo histórico es abrirle la oportunidad a los populismos que prosperan allí donde las oportunidades han sido negadas. De modo que solo hay dos opciones para el gobierno: seguir haciendo lo mismo o sentar las bases para una verdadera democracia.
