En la primera parte de este artículo (publicado la semana pasada), argumentaba sobre la importancia de que el Estado invierta en educación, lo crucial que resulta para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Enfaticé la necesidad del uso eficiente y transparente de los recursos. También reflexionaba sobre la privatización de la educación, que no es una solución a los desafíos educativos que tiene Honduras. Indicaba la importancia de fortalecer el sistema de educación pública y de involucrar a las empresas socialmente responsables y organizaciones no gubernamentales para trabajar de manera conjunta.
También hacía hincapié sobre la importancia de mantener las escuelas abiertas por lo menos 200 días al año. Así como promover valores como el respeto y la solidaridad. Enfatizaba que, a través de la educación, desde temprana edad pueden adquirir habilidades pacíficas de resolución de conflictos y que la educación puede abrir puertas a oportunidades de desarrollo personal y socioeconómico, reduciendo así la desigualdad y la exclusión social que alimentan la violencia.
Desde esta perspectiva, la educación es una herramienta poderosa que puede contribuir directamente a fomentar una cultura de paz, pero deben acompañarse de soluciones integrales, tomando en cuenta el contexto, basándose en evidencia científica.
Honduras se sitúa en un puesto preocupante, el 120 del Índice de Paz Mundial de este año. Se estima que más de un millón de niños y adolescentes no tienen acceso a la educación, por ende, carecen de oportunidades para mejorar su condición social. Además, el 75 % de los estudiantes no logra alcanzar los estándares en lectura y matemáticas. Anualmente cien mil estudiantes abandonan las aulas, una situación agravada por la pandemia (ASJ, 2023).
Para ilustrar la relación entre paz y calidad educativa, presento a Islandia, que vuelve a liderar el Índice de Paz Global como el país más pacífico y seguro del mundo, presenta una cobertura educativa del 100 %. Esta nación nórdica demuestra cómo una inversión y compromiso efectivo con la educación puede repercutir positivamente en la paz y la seguridad.
La situación en Honduras demuestra que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar este objetivo. Las brechas en educación, combinadas con factores como la desigualdad y la exclusión social, alimentan los ciclos de violencia y dificultan el establecimiento de una paz duradera.
Estos dos casos opuestos son un recordatorio de que la educación no es solo un derecho fundamental, sino también una inversión estratégica en el futuro de una nación, su paz y su desarrollo.
Los tomadores de decisiones deben buscar colaborar estrechamente con instituciones académicas públicas y privadas para aprovechar su experiencia en investigación y evaluación de programas de desarrollo. Estas alianzas pueden involucrar la realización conjunta de estudios de impacto, intercambio de conocimientos y acceso a recursos técnicos y científicos.
El sector privado que está comprometido con la educación debe unir esfuerzos, trabajar de manera conjunta para identificar y abordar las necesidades más urgentes. Esto implica establecer indicadores de impacto medibles y transparentes.
Los centros educativos, deben cumplir una misión más allá de impartir clases, deben ser zonas seguras, donde no solo se rompa el círculo de la ignorancia, pero donde se estimule la convivencia pacífica, que se brinde la merienda escolar, se promuevan principios, promoviendo ambientes orientadores en valores a los niños, niñas y jóvenes. Es tiempo de organizar de manera estratégica y medible el sistema de educación pública en Honduras.
