El asunto de “legalizar lo ilegal por ende lo ilegítimo en base al abuso de poder” es un tema complejo y polémico que implica una profunda reflexión sobre el papel de la ley, la legitimidad y el abuso de poder y se debe maximizar por las herramientas democráticas el explorar los argumentos a favor y en contra de esta idea, destacando sus implicaciones éticas y prácticas.
Es necesario definir los términos clave. “Legalizar lo ilegal” se refiere a convertir en legal una actividad o acción que actualmente está prohibida por la ley. Por otro lado, lo ilegítimo implica que algo carece de legitimidad o justificación moral y ética, aunque no necesariamente esté prohibido por la ley. El abuso de poder, por su parte, se refiere al uso indebido o excesivo del poder por parte de individuos o instituciones.
Una de las principales argumentaciones a favor es que, en ocasiones, las leyes pueden ser injustas o discriminatorias. Si una ley es utilizada por quienes detentan el poder para oprimir o perjudicar a ciertos grupos, podría considerarse ilegítima desde una perspectiva ética y moral. Legalizar lo ilegal en este contexto podría implicar corregir desigualdades y garantizar una mayor justicia social.
Además, esta perspectiva sugiere que la legalidad y la legitimidad no son siempre sinónimos. Algunas acciones pueden ser legales, pero aun así ser ampliamente consideradas como inmorales o injustas. Por tanto, considerar la ilegalidad como sinónimo de ilegitimidad podría conducir a una sociedad más justa y equitativa, al permitir el cuestionamiento y la modificación de leyes injustas.
Por otro lado, quienes se oponen a esta idea argumentan que se puede generar una peligrosa falta de certeza jurídica y sentar un precedente preocupante. La ley, en gran medida, existe para establecer límites y normas que guíen el comportamiento de los ciudadanos y protejan los derechos individuales y colectivos. Permitir que el abuso de poder determine la legalidad podría llevar a una sociedad en la que las reglas sean arbitrarias y cambiantes.
Además, existe el riesgo de que el concepto de legitimidad se vuelva subjetivo y manipulable. Si cada grupo o individuo puede decidir qué leyes son ilegítimas en base a su percepción de abuso de poder, se corre el riesgo de caer en un estado de anarquía y desorden legal.
Otra preocupación importante es cómo determinar cuándo un acto es ilegítimo debido al abuso de poder. La línea entre la justa crítica de una ley injusta y la justificación para desobedecerla puede ser difusa y complicada. La legitimidad de las leyes y la evaluación del abuso de poder son cuestiones profundas y complejas que no pueden simplificarse sin consecuencias negativas potenciales.