Tegucigalpa. Audiencias trimestrales con instituciones del sector público y la participación y veeduría ciudadana, para monitorear y garantizar la ejecución oportuna del Presupuesto General de la República 2024, propuso al Congreso Nacional ayer la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
ASJ recordó que la medianoche del martes 16 de enero, en un solo debate que duró un poco más de 10 horas de discusión el Congreso Nacional aprobó de forma tardía el Presupuesto General de la República por un monto de 407 mil 137.5 millones de lempiras, que representa 46 % del Producto Interno Bruto.
En su argumentación la ASJ reflexionó que el presupuesto fue aprobado después de un extenso receso legislativo marcado por la incapacidad, falta de interés real para lograr consensos y bajo negociaciones opacas que conllevan a un mayor debilitamiento de la democracia en Honduras, una vez más, siguiendo las prácticas del pasado.
Con el objetivo de velar que los recursos lleguen a los más vulnerables, la ASJ presentó a la comisión de presupuesto del Congreso Nacional en octubre de 2023, valoraciones sobre aspectos preocupantes y recomendaciones.
En su análisis la ASJ señala que el Presupuesto 2024 va en continuo ascenso, y eso representa un incremento de 3.7 % respecto a 2023 y 32 % respecto al aprobado en 2022, pese a que en los dos últimos años de gobierno los niveles de ejecución han alcanzado en promedio un 86 % del presupuesto vigente.
En ese contexto, cuestiona que se haya informado a la población cuáles han sido los motivos que impiden una ejecución oportuna de los fondos para garantizar el acceso a servicios de salud, educación y seguridad de calidad.
Destacó que el incremento del endeudamiento de la administración central fue de 23 %, pasando de 58 mil 148.5 millones en 2023 a 71 mil 547.9 millones de lempiras en 2024.
También destaca que el presupuesto destinado para pago de servicio de deuda de la administración central es de 55 mil 635.5 millones (23% del presupuesto), la misma tendencia de las administraciones anteriores de adquirir más endeudamiento.
ASJ indica que sólo en 2023 identificaron más de mil 249 millones de dólares de nuevos préstamos suscritos, generando compromisos a futuro que limitan inversiones en sectores prioritarios como salud y educación.
Indica que el incremento del presupuesto 2024 se concentra principalmente en servicio de la deuda y las secretarías de Gobernación y Justicia, e Infraestructura (32 % y advierte que en esta última dependencia estatal ha sido una de las más vulnerables ante la corrupción, por lo que es fundamental fortalecer los mecanismos de priorización, auditoría y control interno en los procesos de compras y contrataciones.
Además, ASJ compara la tendencia de priorizar aumentos en la Secretaría de Seguridad (14.2 %) y Defensa (4.6 %), un incremento más alto respecto a la Secretaría de Salud (9.4 %) y Educación (6.9 %).
El 88 % del presupuesto se concentra en sueldos y salarios, servicio de deuda y transferencias por ley, por lo que su ejecución no debería ser menor a esta cifra, estima.
Por otra parte, esto significa que existe poca disponibilidad de recursos para inversión física (7%), materiales y suministros (5 %), lo que frena la generación de empleo que promueve la competitividad y bienestar de las personas.
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Cuestiona las transferencias a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por 11 mil 465.3 millones sin condiciones de cumplimiento de resultados. Las pérdidas de energía han aumentado en lugar de disminuir, alcanzando a la fecha 38.37 %, mientras los hondureños seguimos sin gozar de un servicio de calidad, advierte.
Finalmente, ASJ hace un llamado al gobierno para que implemente mecanismos ágiles y transparentes que permitan una ejecución eficiente y oportuna del presupuesto, con el objetivo de proporcionar servicios de calidad, especialmente a la población más vulnerable.