Por Héctor A. Martínez
Si queremos una transformación verdadera en nuestro país, este es el momento. Sin embargo, a pesar de las ilusiones renovadoras en el nuevo gobierno, las probabilidades de un cambio profundo son mínimas. No conviene hacerse ilusiones. Un reordenamiento del aparato público y de la economía, en función de las necesidades de la población, exigiría desarticular la estructura de beneficiarios estatales, por un lado, y reformar el disfuncional sistema político, por el otro. Con ajustes de fachada, los problemas persistirán en el tiempo.
¿Por qué, entonces, habría que desconfiar en las reformas que pudiese llevar a cabo este Gobierno o cualquier otro? Porque en la práctica la verdadera preocupación del Estado no es proveer bienes y servicios, sino asignar rentas y privilegios a los amigos. No importa quién gobierne; el modelo extractivo y patrimonialista sigue intacto, independientemente de si el partido es liberal, nacionalista o del PLR. Y cuando hablamos de ese reparto de rentas, nos referimos a las dispensas fiscales y regulatorias, exoneraciones, permisos especiales, barreras de entrada a la competencia y favores selectivos.
A ello se suman las redes clientelares – ese sistema piramidal de transferencias que Gabriel Zaid alude en “El progreso improductivo”—, concesiones de largo plazo, licitaciones sin competencia real y otros mecanismos que perpetúan el sempiterno favoritismo.
Este desbarajuste ocurre porque al Estado y a su burocracia se les han concedido demasiados poderes y recursos, supuestamente para “combatir” la pobreza, brindar salud y educación de primera. Pero el Estado no está hecho para eso. Después de 43 años de vida institucional, el desempleo, la delincuencia y la pobreza siguen empeorando en nuestro país, mientras la burocracia se abulta a más no poder.
¿Renunciará el nuevo Gobierno a privilegiar a su cuerpo de “esenciales”, como les denomina Bruce Bueno de Mesquita en “El manual del dictador”? ¿Cortará los cables de beneficios, entre el Estado y los amigotes que sueñan con una movilidad social meteórica? Quién sabe.
Lo que sí sabemos es que no basta con votar cada cuatro años para desmontar esas redes de favoritismo selectivo que excluyen a millones de hondureños. La alternancia solo garantiza el cambio de rostros, sin alterar la estructura que convierte al Estado en una cornucopia eterna y una escalera para nuevos ricos. Mientras no se desmonte ese régimen de prerrogativas, seguiremos atrapados en una democracia electoral que administra el modelo rentista de exoneraciones indiscriminadas y mercados protegidos. Continuaremos votando con entusiasmo, sí, pero confundiendo alternancia con cambio.
