A casi tres años de la desaparición de Angie Peña, sus familiares siguen luchando por obtener respuestas y justicia en un caso que apunta hacia una compleja red de trata de personas en Roatán, Honduras.
La familia de la joven, desaparecida el 1 de enero de 2022 mientras paseaba en una moto acuática en las playas de West Bay, está convencida de que Angie sigue con vida.
Asimismo, piensan que Angie esta en manos de una red criminal que ha operado durante años en la isla bajo la protección de funcionarios judiciales y policiales.
En septiembre pasado, 16 organizaciones de derechos humanos, junto con la familia de Angie, solicitaron apoyo al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED).
Esto, para que presionara al Estado de Honduras y revitalizara las investigaciones que, hasta hace poco, permanecían estancadas.
Carta enviada a la ONU
La carta enviada a la ONU pide al Ministerio Público hondureño retomar el impulso inicial en las pesquisas, dada la falta de avances y el desgaste emocional que esto ha significado para los allegados de Angie.
“Nos preocupa que el compromiso de contactar a la familia y avanzar en las investigaciones aún no se ha cumplido”, señala el comunicado.
Durante la gestión del anterior fiscal general, Óscar Chinchilla, quien dejó el cargo en medio de denuncias de corrupción y vínculos con el narcotráfico, el caso fue tratado como un accidente.
De esa forma, asegurando a la familia que Angie había desaparecido en el mar.
Sin embargo, en 2023, con la llegada del fiscal Johel Zelaya, la investigación se redirigió hacia una posible red de trata de personas.
Y en meses recientes se han logrado capturas de varios implicados, incluyendo miembros de la organización criminal “Delta Teams”.
Esta banda, que opera en la isla, está acusada de delitos como trata de personas, prostitución de menores y pornografía infantil.
La familia ha reconocido estos avances, pero denuncia que aún quedan personajes clave sin detener.
Entre ellos el estadounidense Anthony Frank Grayson, propietario del hotel The Dock, quien, según la investigación, habría tenido a Angie retenida en su establecimiento antes de trasladarla a otros sitios controlados por la red.
A pesar de que Grayson escapó en 2022, algunas fuentes indican que ha regresado a Roatán, manteniendo un perfil bajo.
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Exigen justicia
Michelle Melgares, madre de Angie, sigue exigiendo justicia y asegura que la red de trata cuenta con la complicidad de jueces y policías.
Melgares ha denunciado que las autoridades le hicieron creer inicialmente que su hija había sufrido un accidente.
A su vez, mostrándole una moto acuática y unos aretes que supuestamente pertenecían a Angie como evidencia de su desaparición en el mar.
“Fue una operación calculada”, asegura Melgares, quien nunca ha creído en esa versión oficial.
Desde que la viceministra de Seguridad, Yulissa Villanueva, asumió un rol en el caso, la tesis del accidente fue descartada.
Villanueva ha manifestado en varias ocasiones que Angie habría sido trasladada por la red de trata a varios hoteles y lugares controlados por “Delta Teams” en la isla.
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Asimismo, ha señalado la posible complicidad de funcionarios hondureños en su retención.
El Ministerio Público, bajo el liderazgo de Zelaya, ha asignado un equipo especial dedicado al caso.
Aunque se han realizado arrestos de algunos implicados, el proceso parece haberse estancado nuevamente.
La familia y organizaciones de derechos humanos mantienen la presión sobre el Estado.
Lo anterior, para que se capture a todos los involucrados y se rompa la red de impunidad que ha permitido que estos crímenes persistan.
Mientras tanto, el paradero de Angie sigue siendo un misterio, y los allegados no pierden la esperanza de que finalmente se haga justicia.