Tegucigalpa. El Congreso Nacional de Honduras cierra el 2023 sin celebrar sesiones durante los últimos cuatro meses debido a la falta de consensos entre las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) y las tres principales fuerzas de oposición para elegir a los nuevos fiscales general y adjunto.
La crisis en el Poder Legislativo impidió dar trámite a asuntos importantes como el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 2024, que debía ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre.
Para algunos analistas, la falta de consenso para elegir al fiscal general y el fiscal adjunto, ha evidenciado nuevamente los intereses y ambiciones desmedidas de la clase política hondureña.
Diputados opositores acusan a la bancada de Libre de querer controlar también el Ministerio Público, a lo que los oficialistas han respondido que la oposición quiere imponer fiscales a su medida para evitar que sean investigados por presuntos actos de corrupción.
Los nuevos fiscales general y adjunto debían asumir el 1 de septiembre, lo que no fue posible por la falta de consensos entre la bancada de Libre y las tres principales fuerzas de la oposición: los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras.
No obstante, en una jugada del presidente del CN, Luis Redondo, el 1 de noviembre se creó una Comisión Permanente, integrada por nueve diputados de Libre.
Donde eligieron a Johel Zelaya, como nuevo fiscal general, y a Mario Morazán, en calidad de fiscal adjunto, ambos de manera interina.
Ese mismo día, el denominado Bloque Opositor Ciudadano (BOC) se autoconvocó para celebrar sesiones ordinarias del CN y no reconoció a los fiscales electos de manera interina, ni a la Comisión Permanente que creó Redondo.
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Además, los diputados del BOC no han atendido las convocatorias a sesiones que ha hecho la Comisión Permanente, aduciendo que a quien le corresponde convocar es a Luis Redondo, como presidente del Congreso.