Tegucigalpa, Honduras.– El Gobierno de Honduras puso en marcha un plan de atención dirigido a 75 municipios afectados por la sequía, con una inversión estimada de 62 millones de lempiras, ante el deterioro de las condiciones climáticas y el riesgo que representa la falta de lluvias para el acceso al agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
La estrategia, según explicó el viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Nelson Márquez, contempla una respuesta coordinada entre diferentes instituciones para atender las necesidades específicas de las comunidades que enfrentan los efectos del déficit de precipitaciones.
La situación cobró mayor relevancia después de que Copeco elevara recientemente de alerta verde a amarilla a los 75 municipios que permanecían bajo vigilancia por la sequía. Paralelamente, otros 49 municipios fueron incorporados a alerta verde y 113 permanecen bajo vigilancia meteorológica, de acuerdo con los reportes más recientes sobre las condiciones climáticas del país.
De los 75 municipios incluidos en el plan de atención, 38 presentan los mayores niveles de riesgo de enfrentar problemas relacionados con la seguridad alimentaria, por lo que recibirán una atención prioritaria dentro de la estrategia gubernamental.
Márquez explicó que las primeras acciones de asistencia ya comenzaron en municipios de la zona sur de Honduras, una de las regiones que históricamente registra mayores niveles de vulnerabilidad frente a los períodos prolongados de sequía. Las brigadas continuarán desplazándose hacia otras comunidades afectadas conforme avance la ejecución del plan.
Los recursos destinados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ascienden a 62 millones de lempiras, aunque el viceministro señaló que la respuesta económica podría ser mayor debido a los aportes y programas gestionados mediante agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros organismos de cooperación internacional.
La atención, sin embargo, no se limita a la entrega de alimentos. Las autoridades explicaron que la emergencia presenta diferentes características dependiendo del municipio. Mientras algunas comunidades enfrentan dificultades relacionadas con la disponibilidad de alimentos, otras requieren soluciones para garantizar el acceso al agua potable, el abastecimiento destinado al riego agrícola y la atención de posibles afectaciones en materia de salud.
Por ello, la respuesta contempla la participación de distintas instituciones estatales con el propósito de atender de manera integral las necesidades de las familias y productores afectados.
La crisis también representa un desafío para el sector agropecuario. La reducción de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas han generado preocupación por la disponibilidad de agua para los cultivos y el ganado, especialmente en las regiones más vulnerables del país. Las autoridades han advertido que el comportamiento irregular de las lluvias podría continuar afectando las actividades productivas durante los próximos meses.
El escenario climático se mantiene bajo vigilancia de Cenaos, que recientemente señaló que Honduras podría continuar bajo la influencia de condiciones asociadas a un El Niño fuerte hasta principios de 2027, mientras los pronósticos apuntan a una canícula prolongada y a déficits de lluvia en distintas zonas del territorio nacional.
La situación ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas preventivas y de respuesta, particularmente en los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Comayagua, donde se concentra buena parte de los municipios afectados por el déficit de lluvias.
Ante este panorama, el Gobierno asegura que mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la distribución de asistencia en las zonas priorizadas, mientras las instituciones trabajan en acciones orientadas a reducir el impacto de la sequía y fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar la escasez de agua.
La evolución de las condiciones climáticas será determinante para establecer si las medidas de emergencia deben ampliarse a más municipios y si será necesario incrementar los recursos destinados a la atención de las familias afectadas.