El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) concretó la compra de dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California por un valor total de 1.500 millones de dólares, una operación que fortalece la estrategia del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de detención y acelerar las deportaciones de personas en situación migratoria irregular.
Las instalaciones adquiridas son el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en San Diego y con capacidad para 1.994 personas, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern, con espacio para 2.560 detenidos. Ambos inmuebles pertenecían a la empresa privada CoreCivic, que confirmó que la venta fue cerrada el pasado 2 de julio.
De acuerdo con la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Gobierno estadounidense pagó 739,2 millones de dólares por Otay Mesa y 732,6 millones por California City. Tras impuestos y gastos de la transacción, CoreCivic espera obtener ingresos netos cercanos a los 1.100 millones de dólares.
Pese al cambio de propietario, la compañía informó que continuará administrando ambos centros mediante los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que las operaciones diarias no sufrirán modificaciones inmediatas. Los contratos actuales permanecen en vigor y podrían ajustarse en el futuro.
La adquisición ocurre poco después de la aprobación de un amplio paquete presupuestario impulsado por la administración Trump, que destina decenas de miles de millones de dólares para fortalecer a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias encargadas del control migratorio. El objetivo es incrementar el número de detenciones y ampliar la infraestructura destinada al procesamiento de migrantes.
La operación también ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y autoridades locales de California, quienes advierten que una mayor capacidad de detención podría intensificar las preocupaciones sobre las condiciones en las que permanecen los migrantes bajo custodia federal. En los últimos meses, varios centros de ICE han sido objeto de cuestionamientos por denuncias relacionadas con presuntas deficiencias en la atención médica, supervisión e inspecciones.
Con esta compra, el Gobierno federal pasa a ser propietario de dos instalaciones estratégicas para la política migratoria estadounidense, mientras mantiene la operación de los centros en manos de una empresa privada especializada en la administración de centros penitenciarios y de detención.