La reciente publicación del periódico digital de las Fuerzas Armadas de Honduras, en la que se califica a tres periodistas nacionales como “sicarios de la verdad”, no solo es preocupante, también es jurídicamente reprochable, institucionalmente regresiva y democráticamente insostenible.
Este episodio amerita una reflexión serena, pero firme, sobre los límites del poder estatal, la función de los medios oficiales y la obligación de las Fuerzas Armadas de mantenerse dentro del marco constitucional.
En los regímenes democráticos, las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil. Su función, según lo establece la Constitución de la República, es defender la soberanía, mantener el orden y colaborar con la seguridad nacional, siempre bajo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.
Esa subordinación no es simbólica ni retórica, sino que se trata de un mandato normativo que les impide convertirse en actores políticos o comunicacionales al margen de su rol institucional.
La libertad de expresión (especialmente la libertad de prensa), no solo es un derecho reconocido en nuestra Constitución, también está consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas sin interferencias o censura previa.
Las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en esta materia son claras.
No solo debe abstenerse de censurar, sino también crear un entorno seguro y propicio para el ejercicio libre del periodismo. Desde esa perspectiva, el uso de un medio de comunicación estatal, financiado con recursos públicos y administrado por una institución armada, para estigmatizar a comunicadores sociales, es una violación doblemente grave.
No se trata de una mera opinión editorial. Se trata de un acto de poder, que parte del Estado hacia ciudadanos que ejercen un rol de contrapeso y fiscalización.
Cuando ese poder se manifiesta en forma de señalamientos agresivos y deslegitimadores, como llamar “sicarios” a periodistas, deja de ser comunicación institucional y se convierte en intimidación oficial. El término “sicario de la verdad” no es una metáfora inocente.
Está cargado de connotaciones que sugieren traición, violencia, incluso criminalidad. No puede pasarse por alto que en un país con altos índices de violencia y con un historial de agresiones a periodistas, ese tipo de lenguaje desde un medio oficial genera un riesgo real y tangible para quienes han sido mencionados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido, en múltiples ocasiones, que el lenguaje estigmatizante utilizado por funcionarios o instituciones estatales puede incentivar actos de violencia o acoso contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Además, el uso de canales oficiales para atacar voces críticas revela una comprensión distorsionada de lo que implica la comunicación pública. Los medios del Estado no están al servicio de una ideología, ni de un gobierno, ni de una institución particular. Su función es informar con objetividad, rendir cuentas y fortalecer el vínculo entre la administración pública y la ciudadanía.
Convertirlos en plataformas de ataque constituye una desviación inadmisible de su propósito y una instrumentalización del aparato estatal para fines personales o ideológicos. Lo ocurrido no puede verse como un incidente aislado ni minimizarse bajo el argumento de la libertad de opinión.
El Estado no se expresa como un ciudadano más. Cada vez que lo hace, sus palabras tienen un peso institucional y una responsabilidad jurídica. Por eso, cuando una entidad como las Fuerzas Armadas se expresa de manera hostil contra la prensa, el mensaje que transmite no es el de una discrepancia legítima, sino el de una advertencia velada.
En una democracia sólida, el poder no teme a las preguntas incómodas ni reacciona con hostilidad ante la crítica.
Por el contrario, comprende que el disenso, la fiscalización y el debate público son componentes esenciales de la vida republicana. Que una institución armada ataque a periodistas con términos cargados de violencia simbólica es una señal de alarma que debe ser atendida con seriedad, tanto desde el derecho como desde la política.
La emisión de mensajes estigmatizantes desde un órgano de comunicación militar no puede entenderse como un acto aislado, sino como una señal preocupante sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control institucional.
Preservar el carácter apolítico y profesional de la institución armada es indispensable para evitar que el poder de la fuerza sea utilizado, directa o simbólicamente, contra el ejercicio de derechos fundamentales o en detrimento de la democracia.
