Tegucigalpa. La violencia que sufren las comunidades indígenas y garífunas en Honduras se deriva de la falta de reconocimiento de sus territorios ancestrales y el otorgamiento de concesiones para proyectos extractivos sin aplicar el derecho a la consulta libre, previa e informada, destaca un informe presentado este miércoles en Tegucigalpa.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) subraya en su informe que la violencia contra los pueblos indígenas y garífunas proviene de la “falta de reconocimiento y protección efectiva de sus territorios por parte del Estado”.
El documento titulado “Pueblos Indígenas: Derechos, Territorios y Leyes” señala que la violencia contra las comunidades lencas es la consecuencia del otorgamiento de concesiones para proyectos extractivos.
Además, de explotación de recursos naturales, energéticos y mineros, entre otros, “sin respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada, y el consentimiento”.
Sumado a ello las estrategias de “ataques contra líderes y miembros de los pueblos indígenas y negros orientadas a la persecución, criminalización, violencia y asesinatos para neutralizar y eliminar cualquier demanda social reivindicatoria de la tierra y el territorio”, añade el estudio.
Situación precaria
El estudio señala que las comunidades indígenas y garífunas enfrentan “una situación de precariedad y desprotección de sus tierras, territorios y bienes naturales” en Honduras.
Por ello, el Copinh considera necesario “una respuesta integral” que incluya la reforma y fortalecimiento del actual marco normativo e institucional para garantizar el cumplimiento de los reclamos de los pueblos indígenas y negros con relación a sus territorios.
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Además, solicita la creación de una legislación especial para garantizar el derecho a la tierra, territorios y bienes naturales, y que el Estado adopte medidas apropiadas para “prevenir, investigar, castigar y reparar” las violaciones de los derechos humanos de las comunidades indígenas y negras. EFE