Washington, D.C. La administración del presidente Donald Trump anunció nuevas medidas que incrementan la presión sobre los gobiernos estatales en materia migratoria y endurecen los requisitos para acceder a determinados beneficios tributarios federales.
Las disposiciones, anunciadas entre agosto y septiembre de 2026, contemplan por un lado una ampliación de las obligaciones de los estados para compartir información sobre personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y, por otro, nuevas reglas propuestas para limitar el acceso de determinadas personas a créditos tributarios reembolsables.
Estados deberán ampliar los reportes migratorios
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 2 de septiembre que su Oficina de Asesoría Jurídica emitió una nueva interpretación de la legislación federal que obliga a los estados participantes en los programas de Temporary Assistance for Needy Families (TANF) y Supplemental Security Income (SSI) a reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a las personas que sus agencias conozcan que no tienen presencia legal en el país.
La principal modificación consiste en que la obligación ya no se limita a las agencias estatales encargadas directamente de administrar esos programas.
Bajo la nueva interpretación, la exigencia alcanza a las distintas dependencias del gobierno estatal que tengan conocimiento de la situación migratoria de una persona. Esto puede incluir agencias como departamentos de vehículos motorizados, universidades públicas y otras instituciones estatales.
Los estados deberán proporcionar información que permita identificar a las personas que las autoridades estatales sepan que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. El incumplimiento podría generar consecuencias, incluida la posibilidad de perder fondos federales vinculados a los programas correspondientes.
El Departamento de Justicia sostiene que no se trata de una nueva obligación creada por la administración Trump, sino de una reinterpretación de una disposición incluida en la reforma de asistencia social aprobada por el Congreso en 1996.
La nueva interpretación también deja sin efecto una opinión jurídica emitida en 1998 durante la administración Clinton, que había limitado el alcance de esta obligación a las agencias que administraban directamente TANF o SSI.
Miles de millones de dólares en fondos federales
La medida adquiere especial relevancia porque los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios participan actualmente en los programas contemplados.
El financiamiento federal destinado a TANF supera los 16,400 millones de dólares anuales, según el Departamento de Justicia. Los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos no son elegibles para TANF ni para SSI.
La administración Trump argumenta que los fondos federales destinados a programas sociales deben beneficiar a las personas que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.
Sin embargo, la nueva interpretación podría enfrentar desafíos legales. Estados gobernados por demócratas ya han cuestionado anteriormente iniciativas federales destinadas a ampliar el acceso del Gobierno a información personal relacionada con beneficiarios de programas sociales.
También buscan limitar créditos tributarios
La segunda medida está relacionada con el sistema tributario.
El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) presentaron el 19 de agosto propuestas de regulación destinadas a aplicar y aclarar los requisitos federales de elegibilidad para determinados créditos tributarios individuales reembolsables.
Entre los beneficios afectados se encuentra el Earned Income Tax Credit (EITC), un crédito diseñado para apoyar a trabajadores y familias de ingresos bajos y moderados que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación.
Las autoridades tributarias sostienen que las nuevas reglas buscan impedir que personas que legalmente no reúnen las condiciones puedan recibir beneficios financiados con recursos de los contribuyentes.
Además, los cambios derivados de la legislación federal aprobada recientemente restringen la elegibilidad de determinados inmigrantes para el Premium Tax Credit (PTC) utilizado para ayudar a cubrir el costo de seguros médicos. Las nuevas disposiciones establecen una categoría más limitada de personas consideradas elegibles para determinados beneficios.
El Tesoro sostiene que las regulaciones pretenden garantizar que los créditos sean entregados exclusivamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas por el Congreso.
Una estrategia migratoria más amplia
Las dos medidas forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias y limitar el acceso de personas sin estatus legal a determinados programas financiados con recursos federales.
En los últimos meses, el Departamento de Justicia también ha presentado demandas contra varios estados por leyes que permiten a estudiantes sin estatus migratorio legal acceder a tarifas de matrícula estatal y determinadas ayudas financieras en universidades públicas. A finales de agosto, el DOJ presentó acciones contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, elevando a 21 el número de leyes estatales de este tipo cuestionadas judicialmente por la administración.
Mientras estas políticas avanzan, algunos estados se preparan para responder legalmente a las nuevas exigencias federales. El principal debate se centra en hasta dónde puede llegar el Gobierno federal al exigir a las administraciones estatales compartir información y condicionar recursos federales al cumplimiento de sus políticas migratorias.
Para las comunidades inmigrantes, las nuevas disposiciones representan un escenario de mayor vigilancia institucional y cambios en las reglas relacionadas con determinados beneficios públicos y tributarios.
La implementación de estas medidas podría generar nuevas disputas entre Washington y los estados, especialmente aquellos que han adoptado políticas destinadas a limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración.