Por Alberto García Marrder
Especial para Diario EL PAÍS, en San Pedro Sula (Honduras).
MADRID. – El Congreso español se dispone a aprobar esta semana, mediante un chantaje, un proyecto de ley presentado por el partido socialista para conceder una amplia amnistía para todos los procesados en la causa del separatismo catalán.
Sí, será un día histórico, pero quedará como uno de los peores en la historia de España.
Me explico: al presidente del gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, le faltaban siete votos para lograr la mayoría absoluta en el Congreso de los diputados y poder ser reelegido por otros cuatro años más.
Pues esos dichosos siete votos los tenía Carles Puigdemont, líder del partido catalán “Junts per Catalunya”, que se encuentra fugado en Bruselas, desde que declaró, en el 2017, la independencia de Cataluña cuando era presidente del gobierno autónomo de esa próspera región del noreste del país.
Puigdemont, un hábil político cansado ya del frío y la niebla de la capital belga, vio su momento y ofreció sus siete votos a cambio de que Sánchez aceptara una amplia amnistía que beneficiara no solo a él para regresar a España como un héroe, sino también a todos los procesados en el “process” por la independencia de Cataluña, unos 381. Y a otros 880 “vinculados”.
Y pidió algo más serio y anticonstitucional: negociar un referéndum para una futura independencia de Cataluña.
Y siguió pidiendo: que el cien por ciento de los impuestos pagados en Cataluña se quedara en la región. Y que comisiones del Congreso “examinaran” los dictámenes judiciales sobre el separatismo catalán, que tiene indignados y furiosos a las agrupaciones de jueces.
También Puigdemont ha pedido, y se lo han aceptado a regañadientes, que un mediador internacional de “alto prestigio” verifique que se cumpla el acuerdo.
Tras arduas negociaciones en Bruselas, un representante de Sánchez aceptó las condiciones de Puigdemont, a cambio —solo- de los siete votos catalanes.
Eso, en pocas palabras se llama un chantaje. Y a pesar que hace solo unos cuatro meses atrás, Sánchez aseguraba que él nunca aceptaría una amnistía para los separatistas catalanes.
“Sánchez se vende, pero España no”, lo definió muy bien en un editorial Francisco Marhuenda, director del diario “La Razón” de Madrid. Quien también agrega: “Es la España que desprecia e ignora, pero es un grito que se convertirá en el tsunami que lo expulsará del poder”, en referencia sobre Sánchez, a quien pronostican un año muy turbulento y, posiblemente, hasta breve.
Se espera que esta polémica y discutida ley de amnistía sea aprobada por los partidos socialistas, lo de SUMAR (izquierda extrema y comunista), los separatistas catalanes y vascos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y hasta Bildu (la versión política de la organización terrorista vasca ETA).
Para el gobierno socialista, abrumado por las protestas populares contra la amnistía, este proyecto de ley es “absolutamente impecable desde el punto de vista constitucional”. Y va a mejorar, según el gobierno, la convivencia con los catalanes, una región que tiene ya sus propias leyes, además de su idioma, el catalán.
No lo es para los más de dos millones de españoles que llenaron este domingo pasado las principales plazas de todas las capitales del país, incluyendo la Puerta del Sol en Madrid, en protesta por la amnistía.
La pancarta que más ondeaba en estas manifestaciones era esta: “Sánchez, traidor”.
Estas manifestaciones fueron convocadas por el principal partido de oposición, el Popular, de centro-derecha, que ganó las elecciones de julio, pero sin mayoría absoluta para gobernar.
Falta por ver si Pedro Sánchez podrá gobernar durante cuatro años más sabiendo que de tres españoles, dos están en contra suya.
Y que tendrá un Congreso muy convulso, donde el Popular controla el Senado, pero no la Cámara de Diputados. Vienen años muy difíciles para España.