En los últimos años, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha intensificado su atención en América Latina, especialmente en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esto refleja una creciente preocupación por la corrupción en la región y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra este flagelo, que la Administración Biden ha determinado es un asunto de seguridad nacional. Para Honduras, un país que ha enfrentado desafíos monumentales en términos de corrupción y negligencia administrativa, las lecciones derivadas del enfoque del DOJ son de particular relevancia.
El compliance juega un papel crucial en la prevención y detección de actos de corrupción en el sector público y privado. Los programas de cumplimiento efectivos pueden asistir a las empresas a identificar y abordar los riesgos de corrupción, garantizando que operen dentro de los más altos estándares éticos y legales. Además, el cumplimiento puede fortalecer la confianza de los inversores y mejorar la competitividad del país en una economía globalizada y cada día más interconectada.
La presión ejercida por el DOJ sobre las empresas que operan en la región demuestra que la impunidad ya no es una opción y que las violaciones a la FCPA pueden tener consecuencias graves, tanto en términos de sanciones financieras como de reputación. Esto sin perjuicio de otras normas y estándares que las empresas deberán acostumbrarse a cumplir, al menos si su intención es mantenerse operando en el comercio internacional sin tener que enfrentar cuantiosas sanciones por incumplimientos normativos.
Para las empresas hondureñas, la implementación de programas de cumplimiento robustos no solo es una cuestión de cumplir con las regulaciones nacionales y extranjeras, sino también de proteger sus propios intereses. Dentro de esos intereses, aún sobre los puramente económicos, las empresas que adoptan una cultura de cumplimiento tienen mayores oportunidades de preservar intacta su reputación, la que generalmente tarda mucho tiempo en construir, pero que se puede desmoronar en un día.
La adopción de políticas y procedimientos que promuevan la transparencia, la ética y la rendición de cuentas puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con la corrupción y, si son adecuadamente documentados, servir como una “carta de presentación” que genere confianza en el entorno empresarial. Además, desde una perspectiva empresarial, puede evitarles a las empresas perdidas asociadas con el fraude interno que, según muchos estudios, podría alcanzar hasta un diez por ciento de las ventas anuales de una empresa.
El sector público también puede beneficiarse de un enfoque proactivo en el cumplimiento. La implementación de programas de cumplimiento en instituciones gubernamentales puede ayudar a prevenir y detectar actos de corrupción, fortaleciendo así la integridad y eficacia del gobierno entendiendo que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para construir instituciones sólidas y promover el desarrollo sostenible en cualquier país. Ya en nuestra región muchas entidades del Estado, particularmente las vinculadas al manejo de recursos públicos han obtenido su certificación en compliance o anti soborno (ISO37301 e ISO37001, respectivamente).
Es importante destacar que Estados Unidos también emitió la Ley de Prevención de Extorsión en el Extranjero (FEPA), que castiga la solicitud de sobornos por parte de funcionarios extranjeros, con lo que el DOJ cuenta con un nuevo instrumento para la lucha contra la corrupción transnacional. Es importante que las empresas y el sector público en Honduras asimilen estas leyes y las acciones del DOJ como una oportunidad para fortalecer sus programas de cumplimiento; en lugar de percibirlas como una amenaza, deberían considerarlas un estímulo para perfeccionar sus prácticas y adoptar estándares superiores en cuanto a integridad.
El DOJ no está solo en esta lucha contra la corrupción. Organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también han instado a los gobiernos a tomar medidas concretas para combatir la corrupción y mejorar la gobernanza, sin perjuicio de los compromisos que un Estado haya asumido en los tratados internacionales. La implementación de programas de cumplimiento efectivos sería un paso en la dirección correcta para cumplir con estas expectativas y promover un ambiente empresarial y gubernamental más ético y responsable.
El enfoque del DOJ en América Latina, incluyendo a Honduras, subraya la importancia del cumplimiento en la prevención y detección de actos de corrupción. Las empresas y el sector público en Honduras deben aprovechar este enfoque para implementar o reforzar sus programas de cumplimiento, asegurándose así de convertirse en modelos dentro de un entorno empresarial que valora la integridad en todos los niveles.
Por: Rodolfo Dumas Castillo
Correo: [email protected]
