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viernes, mayo 3, 2024

Embajador de Perú ante la ONU dimite y denuncia el golpe de Estado

El presidente de Perú dictó disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional.

El embajador peruano ante la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros, presentó este miércoles su “renuncia irrevocable” ante lo que llamó “el golpe de Estado producido en Perú”, después de que el presidente Pedro Castillo disolviera el Congreso.

En su cuenta de Twitter, Rodríguez Cuadros, uno de los diplomáticos más respetados en el país, hizo pública una carta de renuncia enviada a su superior, el canciller César Landa, quien también ha denunciado el golpe de Estado.

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“Esta situación -en Perú- infringe la constitución del Estado y las obligaciones internacionales del país contenidas en la Carta Democrática Interamericana”, reza la carta.

También el representante peruano ante la OEA (basado en Washington), Harold Forsyth, renunció hoy a su cargo “por razones morales y profesionales”.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, dictó este miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.

“Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”, dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.

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Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso”.

“Con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses”.

Toque de queda a nivel nacional en Perú

También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir del día de este miércoles desde las 22.00 hora local (3.00 GMT del jueves).

“Se declara en reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)”, agregó.

Castillo añadió que “todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas”.

Y que “quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley”.

También dictó que la Policía Nacional, “con auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán los esfuerzos al combate de delincuencia, corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios”.

Finalmente, hizo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil, rondas campesinas (grupos de autodefensa fortalecidos durante el conflicto armado interno) “y todos los sectores sociales” a que salgan a defender estas medidas.

Señaló que comunicará esta decisión a la Organización de Estados Americanos (OEA). EFE

 

 

 

 

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