Washington, D.C. La administración del presidente Donald Trump acudió este viernes 14 de agosto de 2026 ante la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar que permita continuar las obras del nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca, un proyecto valorado en aproximadamente 400 millones de dólares y que enfrenta una disputa judicial por la falta de autorización del Congreso.
La petición se produce una semana después de que un tribunal federal de apelaciones determinara, por una votación de 2-1, que la administración no tiene autoridad unilateral para ejecutar una transformación de esta magnitud en el complejo presidencial sin aprobación legislativa.
El proyecto contempla un espacio de aproximadamente 90,000 pies cuadrados en el lugar donde se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca. La administración sostiene que la obra responde, entre otros motivos, a necesidades de seguridad nacional y que incorpora instalaciones destinadas a reforzar la protección del presidente y del complejo presidencial.
El Departamento de Justicia argumenta ante la Corte Suprema que el proyecto tiene componentes relacionados con la seguridad y que el presidente posee amplias facultades para realizar modificaciones en la Casa Blanca. La administración también sostiene que la obra se financia mediante aportes privados, mientras organizaciones conservacionistas cuestionan la legalidad de haber demolido el Ala Este y avanzado con el proyecto sin autorización del Congreso.
El tribunal de apelaciones permitió que la orden de detener las obras quedara temporalmente suspendida durante dos semanas, dando tiempo al Gobierno para acudir ante la máxima instancia judicial. La administración tiene hasta el 21 de agosto para presentar su impugnación ante la Corte Suprema.
La Casa Blanca ha defendido el proyecto como una infraestructura necesaria para recibir a grandes delegaciones y eventos oficiales. La propuesta contempla una capacidad muy superior a la del actual East Room, que tiene espacio limitado para grandes recepciones.
La disputa podría convertirse en un caso relevante sobre los límites de la autoridad presidencial para modificar propiedades federales históricas y sobre el papel del Congreso en proyectos de gran magnitud dentro del complejo de la Casa Blanca.