Por si no lo sabían, un gobierno no debe intervenir los mercados con decretos ni leyes, a menos de que se trate de un país socialista al estilo de Cuba donde el Estado es el dueño de la producción, decidiendo qué producir y en qué volumen.
Decimos esto porque las demandas de un bien y de un servicio no se crean artificialmente; surgen espontáneamente según las necesidades sociales. El cometido de satisfacer esas necesidades solo puede garantizarlo el sector privado respondiendo a las señales de la demanda. Por eso a veces se habla con cierta razón de la “tiranía del cliente” porque quien decide qué y cuánto se va a producir es el consumidor, no la empresa o el gobierno.
Por el contrario, cuando la demanda de un producto o un servicio aumenta en el mercado, es porque posee un valor de uso, entonces los empresarios buscan la forma de satisfacer esa demanda, porque existen personas dispuestas a pagar por ellos. De modo que el presupuesto de la empresa debe reflejar los costes de producción para darle el “Kick off” al proceso. Así funciona el sistema de economía de mercado. El margen entre lo invertido y las ventas representan las utilidades de una empresa.
Cuando un gobierno busca satisfacer la demanda de bienes y servicios, no hace más que entorpecer la naturaleza del mercado, porque no busca la rentabilidad ni la satisfacción plena de la demanda, sino el poder político.
La extinta Unión Soviética se vino abajo porque el Estado planificaba el volumen de bienes que debía producirse, pero este factor no reflejaba la realidad, en principio, porque ninguna empresa estatal podía saber cuál era la demanda real, o si los productos eran del gusto o preferencias del público. Hasta el mismísimo Trostsky cuestionó en “La revolución traicionada” los costos altísimos y la mala calidad de los productos soviéticos.
Ningún empresario del calzado lleva a cabo una sobreproducción de zapatos, en números y estilos, si no ha “olido” qué es lo que la gente anda buscando. Si invierte en base a su intuición, es posible que se quede con muchas existencias en bodega, y corra el peligro de perder su dinero. Ningún emprendedor mete su plata en un servicio o producto que nadie anda buscando.
Cuando un gobierno calcula la cuantía de servicios para la población, lo hace más por politiquería que por inversión social, porque esta satisfacción nunca cubre la demanda real. Pensemos en la educación y en la salud. De hecho, la lógica esencial de un gobierno no es la satisfacción de la demanda nacional de bienes y servicios, sino el de maximizar su presupuesto porque este instrumento de provisión significa tener más poder.
Las llamadas “demandas sociales” confieren a los gobiernos el marco ideológico para aumentar el presupuesto, ya sea por la vía de las exacciones, o endeudándose, lo que supone que los contribuyentes, además de pagar impuestos, también se harán cargo de esa deuda a largo plazo. Los malos servicios en salud y educación justifican el aumento del presupuesto apelando a la máxima “Aún nos queda mucho por hacer” que justifica la expansión de la deuda. La diferencia entre una empresa privada y el gobierno es que si una empresa privada hace caso omiso a la demanda, pierde ventas y hasta puede salir del mercado. En cambio, si el gobierno falla no hay problema porque siempre habrá de dónde sacar la plata; es la única corporación que gana a pesar de las pérdidas.
Así las cosas, ¿qué gobierno estaría interesado en que desapareciesen los problemas sociales? ¿No les parece extraño que los gobiernos, lejos de satisfacer las demandas sociales, las empeoran? La respuesta es una sola: el presupuesto como poder.
Hector A. Martínez
Sociólogo
