El artículo 79 de la Constitución de la República de Honduras estipula: “Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial”. La protesta es un derecho fundamental que está reconocido por la mayoría de las constituciones en todo el mundo, incluyendo en la mayoría de países democráticos. La protesta es una forma legítima de expresar la disconformidad, la frustración o la indignación hacia el Gobierno o las políticas públicas que se implementan. Es una forma de participación ciudadana que permite a las personas expresar su voz y su opinión, y ser escuchadas por los líderes políticos. Sin embargo, en algunos casos, los gobiernos pueden prohibir la protesta y limitar el derecho de los ciudadanos a expresar su disconformidad.
Cuando un gobierno prohíbe la protesta, está violando el derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión pacífica. Estos derechos están reconocidos por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en muchos otros tratados internacionales. En muchos países, estos derechos están consagrados en la Constitución nacional.
Cuando un gobierno prohíbe la protesta, está limitando el derecho de los ciudadanos a participar en la democracia y a expresar su voz, es una forma importante de participación ciudadana en la vida política de un país, y cuando se prohíbe, se limita la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones políticas. Además, se está coartando la libertad de prensa, ya que los medios de comunicación no pueden cubrir las manifestaciones y la disconformidad ciudadana.
Puede ser utilizada por los gobiernos como una forma de controlar la disidencia política y de reprimir a los grupos políticos que se oponen al régimen en el poder. En algunos casos, pueden utilizar la fuerza, lo que puede llevar a la violación de los derechos humanos y a la violencia.
A pesar de estos riesgos, algunos gobiernos pueden argumentar que la prohibición es necesaria para proteger la seguridad pública y mantener el orden. Los gobiernos pueden afirmar que las manifestaciones y las protestas pueden llevar a la violencia y al caos, y que la prohibición de la protesta es necesaria para garantizar la seguridad y el orden público.
Sin embargo, esta justificación no es válida. La prohibición de la protesta no es necesaria para mantener la seguridad pública y el orden. Los gobiernos pueden garantizar la seguridad y el orden público sin limitar el derecho de los ciudadanos a expresar su voz. De hecho, puede llevar a la violencia y al caos, ya que los ciudadanos pueden sentirse aún más frustrados e indignados si se les prohíbe expresar su disconformidad de forma pacífica. Así pelearon en las calles y hoy lo satanizan.
El totalitarismo violador de la propia Constitución de la Republica de Honduras se asoma ya en el horizonte y los hondureños todavía creen que todo gira alrededor de su propio ombligo. Hay una obligación de defender a Honduras de esas escaladas totalitarias.