La defensa del general en condición de retiro y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, rechazó que su representado haya incumplido las medidas judiciales impuestas dentro del proceso penal que enfrenta por señalamientos relacionados con cuatro periodistas.
El abogado defensor Darwin García sostuvo que Hernández ha acatado las disposiciones establecidas por el órgano jurisdiccional y afirmó que sus recientes declaraciones públicas, en las que volvió a referirse a los comunicadores con la expresión “sicarios de la comunicación”, no constituyen una violación de las condiciones fijadas durante el proceso.
“Él no ha incumplido en ningún momento una de las medidas impuestas en relación a este proceso que se le está siguiendo”, manifestó García, al defender la actuación de su representado.
Hernández enfrenta un proceso por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López. La causa se originó por publicaciones difundidas en 2025 desde un medio institucional de las Fuerzas Armadas.
El pasado 1 de septiembre, un juzgado dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión contra el exjefe militar. Entre las disposiciones figuran la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse periódicamente a firmar en los juzgados y la prohibición de mantener comunicación con las víctimas del proceso.
Posteriormente, la defensa presentó un recurso de apelación contra el auto de formal procesamiento. El recurso fue admitido por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa y busca que la resolución sea revocada y se dicte un sobreseimiento definitivo a favor de Hernández.
La apelación mantiene en pausa la audiencia preliminar, mientras la Corte de Apelaciones analiza los argumentos planteados por la defensa.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos como JOPRODEH y ASOPODEHU han solicitado que se revisen las medidas judiciales después de las recientes declaraciones públicas de Hernández sobre los periodistas que figuran como víctimas en el expediente.
Sobre una eventual ampliación de las medidas, García sostuvo que, desde la posición de la defensa, no existe fundamento para extender las disposiciones actualmente vigentes y reiteró que Hernández ha cumplido las condiciones ordenadas por el juez.
El caso continúa en trámite y cualquier modificación de las medidas cautelares o de la situación procesal deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes.