En la novela del mismo nombre, regalo de mi hija escritora, Génesis André Rivera, el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, entre la ficción y la verdad, narra una historia de verdades y mentiras, de conspiraciones políticas nacionales e internacionales, de tramas para imponer –antes que todo y después de nada- los intereses de los más poderosos, para sacar del poder al presidente de Guatemala, en 1954, Jacobo Árbenz.
Es ese relato, un símil o semejanza, con lo que se da en Honduras, pasó antes, pasa siempre y ocurre ahora, especialmente ante la incertidumbre que la clase política genera con su permanente tranza o negociaciones, “rucurucu” o dame que te doy con que toman las decisiones cruciales que, se supone deberían crear y generar estabilidad social para el quehacer de la patria, pero no, al contrario, producen desesperanza.
Hoy jueves 26, en que esta modesta opinión es divulgada en EL PAÍS, probablemente ya esté juramentada la nueva Corte Suprema de Justicia, y por ello prevalece en este escrito el anhelo porque los noveles magistrados del máximo tribunal de justicia, sean ciudadanos probos, independientes y valientes, moralmente sólidos y éticamente fuertes.
Debe ser así, es lo menos que espera la ciudadanía, especialmente porque después de fiascos y fracasos, el margen para el error definitivamente es nulo y equivocarse puede significar clavarse en el borde del precipicio o definitivamente hundirse en el abismo.
Como con todas las cosas estatales, de lo cual algunos han hecho su hacienda particular, el preámbulo en la escogencia de los nuevos magistrados, aunque los nominadores en su mayoría generaban certezas, desde el principio desde los otros poderes maquinaron incertidumbre, y vistos los precedentes y la generosidad con la que se mercadea con los intereses del Estado, se generaron suficientes razones para preocuparse.
Así surgía la descalificación constante de los tribunales de justicia como parte de una estrategia de deslegitimación para los que se fueron e incluso para algunos que llegaron lo cual, además de infame, resulta injusto pues más allá de los hombres la justicia es el baluarte de la ley frente a las componendas de políticos que no renuncian a la contaminación del Estado, sacrificando la constitucionalidad con su pretensión de crear tribunales domesticados a su medida.
En exámenes a los anteriores magistrados probablemente se destaque que algo se hizo en aras de eficientar la prestación de una justicia más expedita, y si esa labor es poca o mucha (dependiendo quien lo vea), queda claro que queda bastante por hacer. La historia les hará justicia.
En ese análisis, como antes y después, es evidente la mezquindad natural en quienes cuando descalifican solo ven el yerro y el error en lugar de observar también el logro y el acierto, es decir, anulan e ‘invisibilizan’ la virtud o lo bueno y en su lugar destacan lo malo o el pecado.
Por eso la ciudadanía reclama con mayor frecuencia que la cosa pública se maneje con las manos puras y no con las puras manos, que prevalezca el imperio de la ley, el respeto a las instituciones y una efectiva separación de poderes para que sea posible la cohesión del Estado y el país pueda tener éxito en articular su desarrollo con paz social y estabilidad económica y democrática.
Esto es así, porque toda sociedad, una vez logrado su bienestar, está llamada a distribuir entre todos sus miembros los frutos de su progreso y eso es posible si se garantiza la protección y el cumplimiento de los derechos de sus ciudadanos.
El debilitamiento de las instituciones públicas, promovido por los fundamentalistas de nuevo cuño, sus colegas de antaño y defensores del statu quo ha provocado solo atraso, pobreza e injusticia con efectos nocivos para la paz social reduciendo las posibilidades de vida digna para la gente, cada vez más alejada y también carente de políticas progresistas para desarrollar la educación, la salud, la seguridad social y el empleo.
Así, al igual que en la mayoría de la población predomina un anhelo porque el resultado del arduo trabajo y en permanente escrutinio de la Junta Nominadora haya valido la pena, la esperanza es que en la escogencia de los finalmente 15 magistrados no resulte torcida o ensuciada en negociaciones de caudillos o dueños de partidos, y el resultado sea un producto de conciliábulos de diputados mercenarios o mercaderes.
No, no debe ser, ni debe permitirse que esta nueva Suprema Corte resulte un artificio de oportunistas, creado para ser manoseado por otros poderes del Estado, al contrario, deben ser los nuevos magistrados garantía irrenunciable de los derechos y libertades de cada ciudadano habida cuenta que la función jurisdiccional es la máxima expresión de la soberanía del Estado sobre los ciudadanos.
Herbert Rivera Cáceres
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