Costa Rica, reconocida por su sólida democracia, enfrenta un hecho sin precedentes: la posibilidad de levantar la inmunidad presidencial a Rodrigo Chaves, para que enfrente un proceso penal.
La Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso una acusación relacionada con el presunto uso irregular de fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Asamblea Legislativa ya conformó una comisión especial integrada por tres diputados, quienes disponen de 20 días —prorrogables por otros 20— para analizar la solicitud y presentar un informe.
Si el Plenario acoge el dictamen, se requerirán al menos 38 votos (dos terceras partes) para que el presidente pierda su inmunidad. De lo contrario, el proceso quedará suspendido hasta que termine su mandato en mayo de 2026.
La Fiscalía señala a Chaves por supuesta concusión, al vincularlo con la contratación “a la medida” de la empresa RMC La Productora S.A., por un monto de 405 mil dólares provenientes del BCIE. También figuran como investigados el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, y un exasesor de campaña.
Se afirma que Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, redactó los requisitos del contrato tras reuniones en Casa Presidencial.
Además del caso BCIE, el presidente enfrenta otra causa por supuesta financiación paralela durante la campaña electoral.
Chaves ha calificado las acusaciones como “ridículas” y “políticas”, en medio de una tensa relación con el fiscal general Carlo Díaz, a quien incluso ha exigido públicamente su renuncia. En marzo, lideró una marcha para presionar por su salida.
Rodrigo Chaves, quien no puede optar a la reelección inmediata, sigue siendo una figura popular en las encuestas, pero también polémica.
Aunque recientemente negó los rumores sobre una eventual candidatura a diputado, el mandatario y su círculo han insistido en la necesidad de una mayoría legislativa en 2026 para impulsar sus reformas.