Por Paz Gómez
La diputada oficialista Isis Cuéllar habría canalizado 37 millones de lempiras desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) hacia personas vinculadas personal o políticamente con ella. Aunque Libre la expulsó, ella sigue haciendo campaña en Copán.
En San Pedro Sula, otro escándalo revela presuntos conflictos de interés. El vicealcalde Omar Menjívar alega que las empresas más favorecidas desde 2022 mediante adjudicaciones directas y licitaciones privadas guardan relación con el alcalde Roberto Contreras.
¿Qué tienen estos casos en común? Han tomado relevancia en época electoral, involucran a políticos que ofrecieron combatir la corrupción, y son minimizados bajo el argumento de persecución política.
Además, estos escándalos ponen en evidencia cinco factores que frenan la lucha anticorrupción en Honduras.
1) La anticorrupción es un lema de campaña. Cada elección, los votantes oyen promesas anticorrupción que rara vez se traducen en políticas y aplicación de la ley. El Índice de Percepción de la Corrupción 2024, por ejemplo, ubicó a Honduras en el puesto 154 de 180.
De los encuestados, 54% indicó que la corrupción aumentó en el último año y 28% reportó haber pagado un soborno en ese período. El 6 de agosto, cuatro de cinco candidatos presidenciales se comprometieron a luchar contra la corrupción en la iniciativa del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Rixi Moncada, candidata del oficialismo, no firmó el compromiso. La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, enfatizó: “Honduras pierde más de 77 mil millones de lempiras al año por corrupción… el patrón persiste sin importar quién gobierne”.
El gobierno que sucedió a Juan Orlando Hernández —quien hoy enfrenta cargos de narcotráfico en EE. UU.— tiene acusaciones similares. Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro y secretario del Congreso, podría estar relacionado con el narcotráfico.
2) Las alianzas son transaccionales. Contreras dice que no conoce a los proveedores municipales ni tiene por qué hacerlo. Afirma ser víctima de persecución por ex aliados, como el vicealcalde Menjívar.
Asimismo, el diputado liberal Marlon Lara sostiene que la justicia politizada ataca a figuras de oposición como Contreras, justo antes de las elecciones e ignora casos como SEDESOL.
Contreras ganó la alcaldía como independiente y se ha sumado al Partido Liberal para buscar la reelección. Su trayectoria ilustra cómo las alianzas por conveniencia son frágiles, particularmente cuando cambian los vientos políticos.
3) La corrupción se ha legalizado. Según el CNA, múltiples legisladores desvían recursos públicos a través de ONG y se quedan con una tajada. Las ONG ocultan el origen de los fondos nombrándolos como subsidios.
La ministra de SEDESOL, Mirtha Gutiérrez, informó que entre 40–50 legisladores ayudaron a canalizar más de 200 millones de lempiras en 2023–2024. Los congresistas son miembros de los partidos Democracia Cristiana, Liberal, Libre, Nacional y Salvador de Honduras.
Cuando la corrupción es multipartidaria, esperar que la clase política se auto regule es ingenuo. Honduras necesita reformas estructurales que limiten la discrecionalidad y eleven el costo de ser corrupto.
4) El papeleo se confunde con transparencia. El medio que destapó el caso de Cuéllar identificó que los beneficiarios no cumplían con los criterios del programa, al solicitar a SEDESOL los informes de cumplimiento.
Esto demuestra que los procedimientos de monitoreo no bastan si casi nadie revisa los informes. En lugar de exigir formularios, Honduras debe adoptar prácticas del sector privado, como la debida diligencia: verificar identidades, auditar trazas bancarias, probar elegibilidad y alertar anomalías en tiempo real.
Los líderes municipales como Contreras también deben perfilar proveedores: verificar propiedad real y evaluar desempeño para disuadir fraudes, obras de mala calidad y coimas.
5) Una comisión externa no es garantía. Castro prometió una comisión anticorrupción internacional que nunca se materializó, quizá por la resistencia al escrutinio de actores corruptos dentro del Gobierno.
No obstante, la experiencia de Guatemala con la Cicig demuestra que dichas comisiones pueden reordenar el poder sin atacar causas de fondo.
Honduras necesita reformas propias y efectivas. Las áreas prioritarias son: financiamiento de campañas, contratación pública y transferencia de fondos sociales.
Se puede implementar alertas automáticas mediante registros de beneficiarios finales, compras electrónicas con datos abiertos, auditorías aleatorias y buzón de denuncias. Combatir la corrupción requiere voluntad política.
Quienes ostentan el poder no se benefician de reglas que limitan la discrecionalidad, dificultan la trampa y aceleran las sanciones. Tras las elecciones, los ciudadanos deben presionar por acciones reales.
Solo cuando la corrupción tenga un costo político real, las iniciativas irán más allá de la retórica.
