Ciberdelitos

Por Rodolfo Dumas Castillo

abogado Rodolfo Dumas Castillo
abogado Rodolfo Dumas Castillo

El mensaje parece venir del banco. Advierte que la cuenta será suspendida y exige verificar los datos de inmediato. Otro llega desde el perfil de un conocido que necesita una transferencia urgente. También está el vendedor que cobra por adelantado y desaparece. Son situaciones que cualquiera puede reconocer y en las que una comunicación cotidiana termina convertida en una pérdida de dinero.

Un reportaje reciente del diario El País recoge advertencias sobre estafas virtuales, apropiación de perfiles, suplantación de identidad y ataques que bloquean archivos para exigir un rescate. El delincuente aprovecha siempre la confianza, el desconocimiento o la prisa de la víctima. Verificar antes de responder es un consejo sensato, pero deja una pregunta sin contestar. ¿Qué ocurre después de que alguien cae en el engaño?

Decirle a la víctima que debió tener más cuidado sirve para la próxima vez, no para recuperar lo perdido ni perseguir al responsable. Quien denuncia necesita saber a dónde acudir y qué información conservar, y que su caso no se pierda entre oficinas que le expliquen, una por una, por qué el asunto corresponde a otra.

En ese contexto resulta importante lo anunciado recientemente por el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier Conde, de que el primer Plan Nacional Estratégico Interinstitucional de Honduras para la Lucha contra el Ciberdelito pasó a revisión final. Lo elaboraron seis instituciones hondureñas, coordinadas por la Cancillería, con asistencia técnica europea a través de EL PACCTO 2.0.

Las cifras que compartió justifican la preocupación. Los casos registrados pasaron de 201 en 2021 a 828 en 2025. Son registros, no una medición de cuántos delitos se cometieron, y no dicen cuánto del aumento responde a más hechos y cuánto a más denuncias. Sí obligan a examinar si las instituciones pueden atender lo que ya les llega.

El plan propone canales de denuncia accesibles y confidenciales, asistencia jurídica y psicológica y un protocolo de primera respuesta en las oficinas de atención ciudadana. Prevé formación especializada, laboratorios forenses y un punto de contacto disponible las veinticuatro horas para la cooperación internacional urgente. Este último arrastra una deuda. La red de contactos permanentes es el mecanismo del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, y Honduras sigue fuera de él. Ya la Corte Suprema dictaminó a favor de la adhesión, ahora corresponde al Congreso aprobarla.

¿Tendrá presupuesto propio o dependerá de lo que sobre en cada institución? ¿Quién responderá por los resultados? La coordinación es la duda mayor, porque el plan no camina solo. El Ministerio Público y la Corte Suprema anunciaron en septiembre que pedirían al Congreso nuevos tipos penales en materia informática. Dos iniciativas con dueños distintos no equivalen a una política. La víctima juzgará el esfuerzo por la rapidez con que la atiendan y por la posibilidad real de que su caso se esclarezca.

Bancos, comercios y operadores de telecomunicaciones deberían integrarse a mecanismos de respuesta que permitan atender alertas y colaborar con las autoridades dentro de la ley. En una pequeña empresa basta con que nadie cambie la cuenta bancaria de un proveedor por un correo sin confirmarlo por otra vía, y con que los pagos y el acceso a información sensible tengan responsables con nombre.

La protección de menores merece mención aparte. El plan propone tipificar el grooming como delito autónomo y llevar prevención a las escuelas. El Código Penal ya sanciona ese contacto en su artículo 253, pero solo cuando la víctima tiene menos de catorce años y hay pasos hacia un encuentro físico, con arresto domiciliario de uno a tres años. Un adolescente de quince manipulado durante meses queda fuera. La reforma debe cubrir a toda la minoría de edad con una pena acorde al daño.

También habrá que cuidar los límites de la respuesta estatal. La publicación anuncia control judicial previo para las medidas que afecten derechos fundamentales y respaldo a una ley de protección de datos personales. Ambas merecen apoyo, y la segunda ya tiene forma. Hace pocas semanas se presentó en el Congreso un proyecto basado en el anteproyecto que el IAIP socializa desde 2024. Falta dictaminarlo. La capacidad de investigar debe crecer junto con la protección de la intimidad y de la libertad de opinar.

El apoyo europeo es una oportunidad valiosa. A nuestro pais le corresponde convertirla en presupuesto y en gente preparada que atienda a quien denuncia. Cuando alguien reporte que le vaciaron la cuenta o que usaron su identidad para estafar a otros, la respuesta tendrá que ser bastante más útil que recomendarle que la próxima vez no haga clic.

 

Artículo anterior
- Publicidad -spot_img

Más en Opinión: