En un pronunciamiento conjunto, catorce países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluido Estados Unidos, rechazaron la investidura presidencial de Nicolás Maduro, argumentando que «carece de legitimidad democrática» y que no se han presentado «pruebas verificables de integridad electoral».
Los países firmantes —Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay— expresaron su preocupación por el «continuo deterioro político, económico, social y humanitario en Venezuela».
Asimismo, instaron a la comunidad internacional a mantener esfuerzos diplomáticos y humanitarios para abordar la crisis en el país sudamericano.
En el documento, los firmantes exigen al gobierno venezolano «restablecer el orden democrático» para permitir una «transición pacífica».
Asimismo, demandan respeto a los derechos humanos y garantías para el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos venezolanos, «sin represalias».
Violaciones a los derechos humanos
El pronunciamiento también condena las «violaciones persistentes a los derechos humanos» y hace referencia a los hechos ocurridos los días 9 y 10 de enero, cuando manifestaciones contra la investidura de Maduro derivaron en protestas generalizadas.
Además, los países reafirmaron su solidaridad con los venezolanos que han tenido que abandonar su país debido a la crisis, elogiando los esfuerzos de las naciones de acogida.
El opositor Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 según actas recopiladas por su bloque, inició una gira internacional en busca de apoyo para lo que considera su «legítima presidencia».
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Durante su visita a Guatemala, el dirigente pidió a sus compatriotas prepararse para «regresar y reconstruir Venezuela».
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios.
Sin embargo, la oposición y varios organismos internacionales han cuestionado la transparencia del proceso, aumentando las tensiones políticas en el país y en la región.