Tegucigalpa, Honduras.– Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante equipos especializados de la División de Delitos Contra la Vida, capturaron en las últimas horas a una mujer de 42 años que tenía una orden judicial por su presunta participación en varios delitos graves registrados en la capital hondureña.
La operación se desarrolló en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela, donde los investigadores localizaron y arrestaron a la sospechosa, quien se desempeña como auxiliar de enfermería y es originaria de Tegucigalpa, Francisco Morazán.
De acuerdo con el reporte policial, la orden de captura fue emitida el 4 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa. La mujer es requerida por los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad.
Investigación apunta a un hecho ocurrido en septiembre de 2025
Las investigaciones sitúan el origen del caso durante la madrugada del 21 de septiembre de 2025, en un autolavado ubicado en las inmediaciones del anillo Periférico, en las cercanías de la colonia Centroamérica.
Según la versión recopilada por los investigadores, en el establecimiento se encontraba Ramón Ernesto Cruz junto con la ahora detenida y otras personas. Posteriormente llegó al lugar el esposo de la mujer, identificado como Ónix Khymberly Barahona Castellanos, lo que habría provocado una discusión.
La investigación sostiene que posteriormente se produjo un ataque armado en el que Cruz perdió la vida. En medio de la situación, la ahora sospechosa habría utilizado un arma de fuego y causado la muerte de su esposo.
Las autoridades también le atribuyen haber obligado posteriormente a un conductor a trasladarla hacia otro sector de la colonia Centroamérica y haber amenazado a varias personas antes de retirarse del lugar.
La intervención de ciudadanos habría evitado que la situación continuara escalando, mientras que la sospechosa logró llegar posteriormente hasta su vivienda.
Captura tras labores de seguimiento
Luego de meses de investigación, seguimiento y vigilancia, los agentes de la DPI lograron ubicar a la mujer en la colonia Centroamérica Oeste y ejecutar la orden judicial en su contra.
La detenida fue puesta a disposición del juzgado que la requiere para continuar con el proceso establecido por la legislación hondureña.
Será durante las distintas etapas del proceso judicial cuando el Ministerio Público deberá presentar los elementos de prueba correspondientes y la defensa podrá ejercer los derechos de la imputada. La responsabilidad penal definitiva deberá ser determinada por un tribunal competente.
La DPI mantiene las investigaciones relacionadas con el caso para establecer con precisión la participación de cada una de las personas vinculadas a los hechos ocurridos en septiembre de 2025.