Un grupo de migrantes originarios de Honduras, Cuba y Ecuador denunció que fue deportado por autoridades de Estados Unidos hacia la República Centroafricana sin recibir información previa sobre su destino, situación que califican como una violación a sus derechos.
El hondureño Brayan Sánchez relató, mediante una videollamada desde Bangui, capital de la República Centroafricana, que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) los trasladó contra su voluntad junto a cuatro ciudadanos cubanos y un ecuatoriano.
Según Sánchez, las autoridades estadounidenses únicamente le informaron que su proceso migratorio había concluido, pero nunca le mencionaron que sería enviado a un país africano. Aseguró que, de haber conocido ese destino, habría optado por regresar a otro país de la región.
El migrante explicó que fue detenido el 13 de mayo en el estado de Florida y posteriormente trasladado por distintos centros de detención en Colorado, Arizona, California y Texas. Fue hasta el 30 de julio cuando, según su testimonio, les comunicaron que serían enviados a África.
Sánchez afirmó que, antes del traslado, agentes del ICE les advirtieron que debían abordar el avión y que, de negarse, utilizarían la fuerza. También aseguró que durante el procedimiento no recibieron explicaciones sobre las razones del destino elegido.
El hondureño indicó que el viaje se prolongó por unas 21 horas, con escalas en Senegal y Nigeria antes de arribar a la República Centroafricana. Desde entonces, permanece junto a sus compañeros bajo vigilancia en Bangui.
De acuerdo con su relato, las autoridades locales les permiten permanecer en un hotel mientras gestionan un visado temporal, aunque les han solicitado no salir del lugar.
Los migrantes difundieron un video en redes sociales para solicitar apoyo de congresistas estadounidenses y organizaciones defensoras de derechos humanos, con el objetivo de regresar a Estados Unidos y revisar sus procesos migratorios.
En el mensaje, los ciudadanos cubanos y el ecuatoriano que acompañan a Sánchez aseguran que la deportación fue injusta y piden que su caso sea investigado por las autoridades competentes.
El caso ocurre en medio de la política de deportaciones de migrantes hacia terceros países impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió este tipo de traslados bajo determinadas condiciones.
Sánchez sostiene que contaba con una orden judicial que impedía su deportación y afirma que abogados que conocen su expediente consideran que su proceso pudo haber vulnerado garantías legales.
El Gobierno de Honduras ha informado que da seguimiento a la situación del ciudadano hondureño y que brindará acompañamiento para un eventual retorno voluntario. Sin embargo, Sánchez manifestó que regresar a su país representa un riesgo para su seguridad debido a amenazas que, según afirma, motivaron su salida años atrás.
Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos no ha emitido una respuesta pública sobre las denuncias presentadas por los migrantes.